Las organizaciones señalaron en un comunicado que el juzgado que conoce la causa amplió el plazo "arbitrariamente" a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 2 de septiembre, por lo que la etapa de instrucción o investigación por parte del Ministerio Público se extenderá al menos hasta el 16 de diciembre de este año.
Las organizaciones apuntaron que en este caso no se cumplen las condiciones establecidas por la ley para permitir la ampliación del caso por su naturaleza, ya que la investigación no puede considerarse compleja, dado que "no hay un elevado número de imputados, tampoco se han identificado personas naturales que sean individualmente consideradas como ofendidas, y, no existe ninguna diligencia de investigación cuya práctica deba realizarse en el exterior".
"Estamos más bien frente a la negligencia voluntaria de la FGR, que ni siquiera ha realizado las diligencias más sencillas, como la toma de declaraciones de testigos, o la práctica de inspecciones oculares o la colecta de material audiovisual clave para demostrar la inocencia de nuestros compañeros", lamentaron.
Agregaron que es una "negligencia voluntaria y un castigo anticipado que tienen como objetivo mantener en prisión y sin condena a Alejandro y José Ángel por el mayor tiempo que sea posible, para no exponerse a un juicio sin ninguna prueba".
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"Exigimos al Juzgado Segundo de Instrucción emita de inmediato medidas sustitutivas a la detención de Alejandro Henríquez y don José Ángel", concluyeron.
Henríquez, abogado ambientalista, y Pérez, pastor evangélico y líder comunitario, fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos.
Organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras han rechazado la detención del joven defensor y del líder comunitario, y han solicitado que se respete el debido proceso.
En respuesta a la concentración, Bukele acusó a organizaciones de "manipular" a los pobladores y envió a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, una Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben, y que además estipula multas y la disolución sino se cumple. La ley fue aprobada recientemente por el Congreso.