El juez supremo Edhín Campos Barranzuela señaló en su resolución que la medida se computa desde el 12 de septiembre del 2025 hasta el 11 de julio de 2026, indicó el Poder Judicial en su cuenta de la red social X.
El magistrado agregó que, en el proceso que se encuentra en juicio oral, existe "sospecha suficiente" y, por ende, cumple el estándar probatorio requerido para imponer el impedimento de salida del país.
Por ese motivo, la resolución fue notificada a la Superintendencia Nacional de Migraciones para el registro y conocimiento de la medida.
La resolución judicial responde al pedido de la fiscal Zoraida Ávalos, que solicitó el impedimento de salida por 12 meses, para asegurar la presencia de Chávez en el juicio oral, dado que el Tribunal Constitucional (TC) aceptó un recurso de su defensa y ordenó su excarcelación.
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El abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, declaró a la emisora RPP que su cliente no ha pensado "irse afuera" del país, tras recuperar su libertad, y que, más bien, existe la posibilidad de que postule a las elecciones generales del próximo año.
El pasado viernes, la Fiscalía desistió de su petición para que se prolongue la prisión preventiva que se había dictado contra la ex primera ministra, quien fue liberada un día antes en cumplimiento de una resolución del TC, mientras se encontraba internada en una clínica de Lima.
El TC ordenó la excarcelación inmediata de Chávez, tras aceptar una demanda de habeas corpus que argumentó que la ampliación de su periodo de prisión preventiva fue emitida fuera de plazo, una vez que ya se había vencido en diciembre de 2024, sin que fuese puesta en libertad, en lo que constituyó una detención arbitraria.
Chávez recibió el certificado que confirmó su excarcelación mientras se encuentra en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.
La ex primer ministra es procesada junto con Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, en el que el entonces mandatario anunció en un mensaje televisado su intención de disolver el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto.
Castillo fue destituido poco después de ese anuncio por el Congreso y detenido cuando se dirigía aparentemente a refugiarse en la Embajada de México en Lima.
Desde entonces permanece en prisión preventiva mientras es sometido a un juicio que ha calificado repetidas veces de "patraña" y en el que la Fiscalía solicita que sea condenado a 34 años de cárcel , mientras que para Chávez pide 25 años de prisión.