En un nuevo informe, presentado en una rueda de prensa en Nairobi, capital de Kenia, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Sudán del Sur lamentó que la corrupción es "estructural y estratégica" y ha convertido la riqueza pública del país en un instrumento de enriquecimiento de las élites.
"La corrupción está matando a los sursudaneses. No es algo incidental. Es el motor del colapso de Sudán del Sur: vacía su economía, destruye sus instituciones, alimenta el conflicto y condena a su pueblo al hambre y a muertes evitables", afirmó la presidenta de la Comisión, Yasmin Sooka.
El informe advierte que las élites utilizan los ingresos y las instituciones como armas para concentrar poder, financiar redes clientelares y neutralizar reformas, lo que constituye el "motor central" de la catástrofe humanitaria y del renovado conflicto en el país.
Desde su independencia, en julio de 2011, Sudán del Sur ha ingresado unos 25.200 millones de dólares en ingresos relacionados con el petróleo, además de ayuda internacional y préstamos respaldados por el crudo.
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El Gobierno, sin embargo, no ha presentado ninguna rendición de cuentas auditada, mientras que la desviación de estos ingresos ha dejado "catastróficamente desfinanciada" la prestación de servicios, hasta el punto de que los donantes internacionales destinan hoy más recursos a cubrir las necesidades básicas que el propio Estado.
"No es un país sin recursos, sino un país sin justicia, donde la crisis no se debe a la escasez sino a un sistema deliberado de saqueo que priva a los ciudadanos de sustento, dignidad, oportunidades y de la vida misma", denunció Sooka.
Sudán del Sur ocupa el puesto 192 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano, su producto interior bruto (PIB) per cápita es una cuarta parte del nivel de 2011 y tres cuartas partes de la población necesitan asistencia humanitaria.
Además, se estima que unas 7,69 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda y que 2,1 millones de niños padecen desnutrición severa.
El informe documenta cómo mecanismos extrapresupuestarios y contratos de fuente única convierten las cuotas petroleras en fondos discrecionales controlados por actores políticos, que escapan a cualquier control público.
También revela que el Gobierno otorga a empresas privadas cuotas dominantes en servicios electrónicos y en la recaudación de impuestos, lo que privatiza ingresos públicos, permite cobros ilegales sobre importaciones y abre nuevas vías de desvío.
"La corrupción en Sudán del Sur no es una abstracción. Es la razón por la que madres entierran a sus bebés, las aulas están vacías, los hospitales no tienen medicinas y el hambre paraliza comunidades enteras", dijo, por su parte, Barney Afako, miembro de la Comisión.
Entre 2020 y 2024, el Ministerio de Asuntos Presidenciales gastó casi seis veces su presupuesto, mientras que los ministerios de Salud, Agricultura y Género recibieron sólo una fracción de lo previsto.
La ONU advirtió, además, de que el Acuerdo Revitalizado de 2018, que puso fin a un lustro de guerra civil en el país más joven del mundo, "se encuentra en un punto de ruptura".
"Hoy vemos cómo la competencia por recursos y poder socava la transición política, que fracasará si no se integra la rendición de cuentas en la cultura política de Sudán del Sur", aseguró Afako.
La inestabilidad en Sudán del Sur se agravó en marzo, cuando el Ejército Blanco -milicia relacionada con la oposición- lanzó un ataque contra las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) en el que murieron más de 250 soldados y un piloto de Naciones Unidas.
Ese incidente desató una oleada de arrestos en Yuba, la capital, contra partidarios de la oposición liderada por Riek Machar, primer vicepresidente del país y líder del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM/A-IO), quien fue acusado el pasado viernes de "terrorismo" y "traición", entre otros cargos, por el Gobierno del presidente Salva Kiir.