El análisis, elaborado por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, detalla que en ese periodo la institución atendió 7.095 quejas relacionadas con este fenómeno, que afectaron a unas 18.066 personas, de las cuales 3.736 (21%) eran menores de 17 años.
Las cifras muestran un incremento sostenido en los casos: 207 menores desplazados en 2019, 152 en 2020, 568 en 2021, 871 en 2022, hasta alcanzar un pico en 2023 con 1.243 víctimas, equivalente a tres niños por día, y 695 en 2024.
El informe señala que el 51 % de los menores desplazados eran niños y el 49 % niñas. La franja más golpeada es la niñez en edad escolar: el 37 % tenía entre 6 y 12 años, seguida por menores de 5 años (26 %) y adolescentes de 13 a 17 años (25 %).
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, advirtió que esta situación obliga a muchos niños a interrumpir o abandonar sus estudios, además de sufrir daños emocionales, físicos y sociales:
“La afectación no solo es emocional, sino también en su seguridad, en su protección porque tienen que salir huyendo de su lugar de residencia junto a sus padres, situación que vulnera su derecho a la educación, porque son niños que salen del sistema educativo”, subrayó.
Entre las principales causas de desplazamiento se destacan las amenazas (43 %), la extorsión (10 %), el asesinato de familiares (10 %), así como el despojo y destrucción de viviendas (9 %), precisó.
Reyes enfatizó que muchas de estas amenazas están vinculadas al reclutamiento forzado por parte de estructuras criminales, a la extorsión de padres y a la violencia de género.
El estudio identifica como principales responsables a estructuras criminales (28 %), personas desconocidas (28 %), así como agentes de seguridad del Estado y personas del entorno cercano de las víctimas.
Aunque el desplazamiento forzado afecta a todo el país, cinco departamentos concentran el 84 % de los casos de menores desplazados: Francisco Morazán (40 %), Cortés (28 %), Choluteca (6 %), Atlántida (6 %) y El Paraíso (4 %).
La UDFI fue creada en 2016 con apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para monitorear de manera permanente este fenómeno, que continúa afectando a miles de hondureños, en especial a la niñez y adolescencia.
El Parlamento hondureño aprobó en diciembre de 2022 la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, un fenómeno que el país centroamericano reconoció en 2013.