Esta operación, en la que participaron también autoridades de Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, se saldó con seis detenidos, tres de ellos en España y el resto en Portugal, Rumanía y Bulgaria, informó este miércoles la Policía española.
La investigación comenzó en octubre de 2022 y el pasado 17 de septiembre se efectúo una operación simultánea en cinco países, con seis detenciones y cinco registros. Los agentes localizaron en Barcelona a uno de los principales investigados, residente en Portugal, y se emitió orden de detención contra otro investigado que no pudo ser localizado en Italia.
Además, se embargaron 50 cuentas bancarias en España y otras 33 en distintos países europeos, se intervinieron monedas virtuales por valor de 80.000 euros y 20.000 dolares, seis lingotes de oro, monedas de plata y diversas piezas de joyería.
Para hacer efectiva esta presunta estafa, la red creó un entramado de sociedades ficticias y plataformas fraudulentas. Su 'modus operandi' era captar inversiones a través de web profesionales y falsos gestores de inversión, que ofrecían rentabilidades irreales en criptomonedas, divisas o productos tecnológicos.
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A través de teleoperadores aparentemente profesionales, la red se ganaba la confianza de las víctimas, a las que inducían a realizar transferencias a lo que en realidad eran sociedades pantalla que carecían de actividad económica real y solo servían para recibir estos fondos.
Después fraccionaban estos ingresos y enviaban los fondos a plataformas de criptomonedas reales donde este capital era convertido a criptoactivos –BTC y USDT- que se remitían a direcciones opacas controladas por la propia organización.
A través de movimientos bancarios, los investigadores calculan que se han defraudado 102 millones de euros, aunque se estima que las pérdidas reales pueden ser mayores, porque existirían víctimas que no han denunciado.
La investigación comenzó tras una denuncia de las autoridades lituanas, tras la que se conformó un equipo conjunto de investigación liderado por España con el apoyo de Lituania, al que después se unieron Portugal, Italia, Rumanía y Bulgaria, bajo la coordinación de EUROJUST y el soporte analítico de EUROPOL.