Este texto fue redactado durante la cumbre de la Comunidad Política Europea que reunió en Copenhague (Dinamarca) a 47 países tanto del club comunitario como a Estados vecinos, con la presencia de las presidenta de la Comisión Europea, Ursula von de Leyen, y de la Eurocámara, Roberta Metsola.
Esta declaración fue suscrita por los líderes de Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Chequia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y el Reino Unido.
El texto aboga por "medidas más enérgicas contra los traficantes" a través de una mejor gestión de las fronteras exteriores y la colaboración "en nuevas formas de combatir a las bandas de traficantes, como el uso de regímenes de sanciones".
Además, la declaración defiende la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Convención sobre los Refugiados "de forma que protejan contra el abuso y permitan a los gobiernos afrontar los desafíos modernos".
En vistas a aumentar el número de retornos de aquellos inmigrantes considerados ilegales, los firmantes pretenden "forjar alianzas nuevas e innovadoras, incluso con terceros países, para acelerar la tramitación y aliviar las presiones internas" y utilizar herramientas como la diplomacia y la concesión de visados.
Además, el texto también promulga "colaborar con los países de origen y en las rutas de tránsito" para incentivar el desarrollo, la creación de empleo, la educación y también los retornos voluntarios "para lograr alianzas mutuamente beneficiosas".