"La admisión de la demanda por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador representa un paso muy significativo en el escrutinio internacional sobre el respeto al derecho y a la independencia judicial. Lo que implica esto es una revisión de fondo", comentó Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario.
Sostuvo que "la CIDH analizará si la destitución de los magistrados de la Sala en mayo 2021 violó derechos fundamentales, como el debido proceso y la independencia judicial".
Destacó que la CIDH desestimó las pretensiones del Estado salvadoreño, dado que "el gobierno decía que los magistrados no agotaron los recursos internos, pero la CIDH concluyó que sí buscaron apelación ante la nueva Sala impuesta, lo que permitió avanzar con el caso".
El 1 de mayo de 2021, asumió una legislatura dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y junto con sus aliados destituyeron, sin seguir el proceso legal establecido, a los magistrados Óscar Armando Pineda Navas - quien se desempeñaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia-, Aldo Cader, Marina Marenco de Torrento, Carlos Ernesto Sánchez y Carlos Sergio Avilés.
El documento de admisión de la CIDH, compartido por Escobar en X, indica que el caso es principalmente por los magistrados Sánchez y Avilés.
"La Comisión advierte que los hechos denunciados no resultan manifiestamente infundados y, por el contrario, requieren un estudio en etapa de fondo, a efectos de examinar si la destitución de las presuntas víctimas, fundamentada en las decisiones y sentencias que emitieron en el ejercicio de sus funciones, vulneró sus derechos", indica el documento emitido el 2 de septiembre.
Agrega que "la CIDH estima que de corroborarse como cierta la situación descrita por la parte peticionaria, esta podría constituir una violación a los derechos" de garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, derechos políticos, protección judicial y derecho al trabajo.
Diferentes organismos, como la Unión Europea y las Naciones Unidas, señalaron que estas destituciones sin el debido proceso atentaban contra la separación de poderes y la independencia judicial.
Los jueces que sustituyeron a los magistrados depuestos fueron señalados por Estados Unidos de ser "leales" al Ejecutivo de Bukele, entre los que se encuentran exasesores y exabogados de altos funcionarios, y que abrieron la puerta a la reelección inmediata.