"Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", comienza el escrito remitido por Sánchez y al que ha tenido acceso EFE.
La carta se conoce después de que el viernes Sánchez planteara una reforma para blindar el derecho al aborto en la Constitución española, a raíz de que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el conservador Partido Popular (PP), aprobara una propuesta para proporcionar información sobre un supuesto "trauma posaborto" a las mujeres que soliciten interrumpir el embarazo.
Según el procedimiento que se eligiera, la reforma constitucional requería el voto favorable de dos tercios o tres quintos del Congreso y del Senado, cámaras donde la derecha española dispone actualmente de mayoría relativa y absoluta, respectivamente.
El Partido Popular, cuyo apoyo es imprescindible para sacar adelante cualquier reforma, considera que la ley vigente que regula la interrupción voluntaria del embarazo es suficiente, así que no ve necesario blindar esta cuestión en la Constitución.
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En la carta conocida este lunes, Sánchez pide a los presidentes autonómicos que adopten, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el registro de personas objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubieran hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, advierte el presidente del Gobierno.
Sánchez recalca que el registro de personas objetoras de conciencia es una herramienta "indispensable" para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso al aborto en los hospitales públicos.
Además, lamenta que Aragón, Baleares y Madrid -gobernadas por el PP- y Asturias -con un presidente socialista- sigan sin cumplir una ley cuyo objetivo es garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas y que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 9 de mayo de 2023.
"El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías", concluye Sánchez.
En la misma línea, la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, denunció que hay comunidades autónomas que "incumplen sistemáticamente" el derecho al aborto porque ni han puesto en marcha el registro de objetores de conciencia ni tienen un hospital público de referencia en cada provincia que permita a las mujeres interrumpir el embarazo.
"Pretendemos que no haya mujeres de primera y de segunda en el territorio español", defendió Redondo en una entrevista con la radio pública RNE.
En cuanto a blindar el derecho al aborto en la Constitución, Redondo sostuvo que "es el momento de dar un paso más" ante la ola reaccionaria que se "está llevando por delante los derechos de las mujeres, empezando por el de interrupción voluntaria del embarazo".
La legislación vigente en España reconoce el aborto libre y gratuito como derecho hasta la semana 14 de gestación, y hasta la número 22 si hay riesgo para la vida o salud de la mujer o graves anomalías del feto.