En el enclave, según un comunicado de esta organización, quedarían 19.200 toneladas de explosivos aún sin implosionar, lo que representa "una amenaza para la vida de los residentes y las tierras agrícolas".
Ademas, la Defensa Civil dijo que 140 de sus trabajadores fueron asesinados en esta ofensiva, mientras que 355 resultaron heridos. Además, veinte siguen detenidos por las fuerzas israelíes, al igual que miles de civiles retenidos por las tropas en centros de detención sin cargos ni juicio.
La organización aseguró también haber extinguido más de 25.500 incendios provocados por ataques israelíes a zonas pobladas, edificios comerciales y tierras cultivables en el enclave palestino; la mayoría inservibles dos años después.
En el texto, la Defensa Civil culpó también a Israel de ocultar el asesinato de seis de sus trabajadores el pasado marzo en la gobernación sureña de Rafah, cuando junto a ocho paramédicos y un trabajador de la ONU fueron atacados por fuego israelí cuando acudían a socorrer tras un primer bombardeo contra una vivienda.
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El Ejército israelí intentó enterrar en una fosa común tanto los cuerpos como los coches de bomberos y las ambulancias en las que viajaban. Tras el ataque, el Ejército alegó que los vehículos no llevaban luces y avanzaron de forma “sospechosa” hacia los soldados. Pero un vídeo grabado por uno de los paramédicos asesinados, recuperado de su teléfono móvil en abril, demostró que Israel mentía.