Según una respuesta parlamentaria escrita del Ejecutivo, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (Parlamento) está tramitando un proyecto de real decreto que regula la organización y funcionamiento del banco estatal de ADN.
Ya han sido acreditados por la comisión nacional para el uso forense del ADN los laboratorios que tendrán acceso a la base de datos, indica el Ejecutivo a una pregunta del partido ERC (independentistas catalanes de izquierda).
Esto significa que próximamente se pondrá en marcha este banco estatal de ADN, una de las principales reclamaciones de las asociaciones de víctimas.
Según recoge la ley, el objetivo es recibir y almacenar los perfiles genéticos de las víctimas de la guerra civil (1936-1939) y la dictadura posterior que permanecen enterradas en fosas comunes, así como de las personas afectadas por la sustracción de bebés recién nacidos, para poder compararlos con familiares y lograr su identificación.
Aparte, el Gobierno informa de que sigue avanzando en una auditoría de los bienes confiscados durante la guerra y la dictadura, prevista también la Ley de Memoria Democrática.
Es una "profunda investigación" que requiere de "un espacio de tiempo suficiente", explica. Por ello, se ha encargado un trabajo previo a la Universidad Autónoma de Madrid, con el objetivo de identificar los principales fondos documentales en los que centrar los análisis posteriores.