En su intervención ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI, que celebra esta semana su conferencia anual en La Haya, Lucía García Rico, directora general de la ONU en el Ministerio de Exteriores de España, defendió que los Estados deben responder “de forma unida” ante los desafíos actuales que afronta el tribunal, un “pilar fundamental del sistema de justicia penal internacional”, y condenó cualquier actuación que “socave el ejercicio de su mandato”.
"Hacemos un llamamiento a todos los Estados parte a respetar los compromisos adquiridos en virtud del Estatuto de Roma, incluidas las órdenes de arresto emitidas por la Corte. Ignorar estas órdenes erosiona la confianza en el sistema de justicia penal internacional al que todos nos debemos", señaló.
La CPI reiteró ayer que afronta “ataques sin precedentes” desde que emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la guerra en Ucrania, y el año pasado otra contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes en Palestina.
Varias países miembros se han negado públicamente a ejecutar estas ordenes de detención y han recibido a los dirigentes involucrados en su territorio.
En este sentido, España subrayó hoy su respaldo a la “independencia, la imparcialidad y la integridad” de la CPI frente a las medidas de presión dirigidas contra la institución, sus funcionarios y quienes cooperan con ella.
Estados Unidos emitió a lo largo de este año sanciones contra nueve jueces y fiscales de la CPI por la investigación que afecta a Israel por presuntos crímenes en Palestina.
Por otro lado, España anunció que presentará la candidatura de Peyró Llopis al puesto de jueza del tribunal, una jurista con más de dos décadas de experiencia en derecho internacional que, según la web de la ONU, ejerce como asesora especial y jefa del equipo de investigación de Naciones Unidas sobre los crímenes cometidos por el grupo terrorista Estado Islámico en Irak (UNITAD), cargo para el que fue designada en abril de 2024.
García Rico también recordó que, desde 2022, España ha realizado contribuciones voluntarias por valor de 10 millones de euros, con desembolsos este año destinados al Fondo Fiduciario de la Fiscalía, al Fondo de Complementariedad y al Fondo en Beneficio de las Víctimas, así como una aportación adicional para la traducción de jurisprudencia al español, en apoyo al multilingüismo.
España insistió en el refuerzo reciente de su cooperación con la Corte, tras la entrada en vigor del acuerdo bilateral sobre ejecución de penas, para acoger a acusados con una sentencia firme, y la ratificación de las enmiendas al Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI.
Asimismo, llamó a avanzar en la homologación del crimen de agresión -violaciones graves de la soberanía y la integridad territorial de los Estados- con el resto de los crímenes internacionales, a través de la ratificación de las conocidas como enmiendas de Kampala y la participación en el proceso de revisión previsto para 2029.