El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informó este martes en un comunicado de que, a los primeros dos casos iniciales, se suman siete nuevos jabalíes muertos que han dado positivo en PPA.
Tras la confirmación en el laboratorio, las autoridades españolas ya notificaron los nuevos casos positivos a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA).
En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, se mantiene un "alto nivel de alerta" con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad, aunque en las visitas realizadas este martes a las explotaciones de porcino en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, no se detectó sintomatología ni lesiones compatibles con la enfermedad.
En esa zona de control y vigilancia se ha prohibido además la caza, para evitar el movimiento de los jabalíes, y se han reforzado las actuaciones de búsqueda y trampeo con personal específicamente formado y conocedor de la zona.
Equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de diversos cuerpos policiales se encuentran en la zona para descontaminar el perímetro afectado y gestionar capturas en condiciones de bioseguridad, para lo que cuentan con drones con capacidad de búsqueda en zonas amplias y detección nocturna con infrarrojos.
Además, un equipo veterinario de Emergencias de la Comisión Europea (CE) se incorporó hoy a los trabajos para evaluar sobre el terreno las medidas desplegadas y emitir recomendaciones que refuercen las actuaciones con vistas a controlar la enfermedad lo antes posible.
El nuevo brote de PPA ha reactivado la preocupación del sector porcino español ante el riesgo que supone la enfermedad, que no afecta a las personas pero sí tiene un pronóstico muy negativo para los animales infectados.
Hoy mismo siete países, entre los que figuran Brasil, China y Canadá, actualizaron las restricciones o condiciones adicionales a los productos derivados del cerdo procedente de España.
Tras esta actualización, ahora mismo siguen bloqueados más de 150 certificados de exportación de cerca de 40 países sobre productos para los cuales no admiten la regionalización, es decir, vetan la entrada desde todo el territorio español y no sólo desde la parte afectada, Cataluña en este caso.