Según anunció este martes la CPI, la audiencia pública se celebrará a las 13.30 hora local de La Haya (12.30 GMT), aunque se trata de una comparecencia inicial destinada a verificar la identidad del sospechoso, determinar el idioma en el que puede seguir el procedimiento e informarle de los cargos y de sus derechos.
El Hishri, conocido como 'Al Buti', fue detenido el 16 de julio por las autoridades alemanas tras una orden de arresto emitida por la CPI una semana antes, pero no fue entregado a la Corte hasta este lunes, una vez concluidos los procedimientos nacionales previstos por el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
Es el primer ciudadano libio que queda bajo custodia de la CPI en espera de juicio desde que el tribunal abrió la investigación sobre Libia en 2011.
Según la orden de arresto, el sospechoso habría participado directamente o habría supervisado asesinatos, torturas, violaciones y otros abusos sistemáticos contra miles de detenidos y la CPI lo sitúa como uno de los responsables “de más alto rango” de la cárcel de Mitiga, bajo control de la Fuerza Especial de Disuasión (Rada), donde miles de personas fueron retenidas durante largos periodos.
El Hishri es el segundo ciudadano libio arrestado este año por orden de la CPI, después de Osama Najim Al Masri, jefe de operaciones de la Policía Judicial libia buscado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sin embargo, Al Masri, detenido en Italia en febrero, fue liberado y devuelto a Libia en un avión estatal italiano, en una decisión polémica y unilateral del Gobierno de Giorgia Meloni que fue criticada por la CPI.
La Fiscalía libia aseguró en noviembre haber detenido de nuevo a Al Masri, al que acusa de “torturas y tratos crueles” en varios centros penitenciarios, pero la CPI afirma estar tratando de verificar esa información. Si está bajo custodia libia, no está claro si será juzgado en el país o será extraditado a La Haya.
El arresto y entrega de El Hishri se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre la milicia Rada, acusada de actuar como un aparato paralelo de seguridad al margen del poder judicial, pese a sus vínculos formales con el Gobierno de Trípoli.
Además, representa un avance en una de las investigaciones más complejas sobre los abusos cometidos en Libia desde el inicio de la revuelta contra Muamar el Gadafi, el 15 de febrero de 2011.
La CPI ha emitido varias órdenes de detención contra responsables libios, pero hasta ahora solo ha sido ejecutada la de El Hishri. En total, siguen pendientes otras ocho órdenes de arresto públicas, entre ellas la de Saif al Islam Gaddafi, hijo del fallecido dictador.
Libia no es Estado Parte de la CPI, pero la Fiscalía pudo abrir la investigación tras una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU en 2011.
El pasado mayo, el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, aceptó la jurisdicción parcial de la Corte sobre los crímenes cometidos en territorio libio desde 2011 hasta finales de 2027, pero esta declaración fue rechazada por el gobierno paralelo de Bengasi, controlado por facciones rivales, en un país profundamente fragmentado.