"Hacemos nuestro el llamado de los líderes religiosos salvadoreños para que se ponga fin a la persecución y criminalización de quienes defienden el derecho al agua potable, un llamamiento respaldado por decenas de miles de personas en El Salvador y en el mundo, incluida la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor", señalaron en una carta enviada a organizaciones no gubernamentales salvadoreñas y compartida a EFE.
Los religiosos llamaron al Gobierno de El Salvador a que "no amenace, estigmatice ni persiga a las personas y organizaciones que cumplen con su deber de proteger el agua, la tierra y a las comunidades" y solicitaron que se retiren "inmediatamente" los cargos contra defensores y abogados de derechos humanos, entre ellos el joven ambientalista Alejandro Henríquez y la activista Ruth López.
"Oramos por el pueblo salvadoreño y su gobierno para que protejan el don sagrado de la creación, defiendan los derechos humanos y garanticen a todas las familias agua limpia ahora y para las generaciones venideras", expresaron.
Además se solidarizaron con "los líderes cívicos y religiosos que están siendo perseguidos y encarcelados por denunciar las injusticias, incluida la devastación que la minería de metales causaría a sus comunidades".
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Recordaron que "la minería agravaría la ya de por sí grave contaminación del agua en El Salvador, contaminando aún más el río Lempa que abastece de agua a más del 60 % de la población".
La cuenca trinacional del Río Lempa posee un área total de 17.790 kilómetros cuadrados de los cuales, 10.082 kilómetros cuadrados corresponden a El Salvador, 5.251 a Honduras y 2.457 a Guatemala.
La longitud del cauce principal es de 422 kilómetros, de los cuales 360,2 kilómetros corren dentro de territorio salvadoreño, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
"El acceso al agua es un derecho humano fundamental y el agua potable no es una mercancía, sino una herencia compartida que Dios ha confiado a todas las personas. Poner fin a la prohibición de la minería está alimentando atroces violaciones de derechos humanos en contra de quienes se organizan para proteger su agua y su tierra de la destrucción", agregaron.
En diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), derogó la prohibición minera aprobada en 2017 y aprobó, por petición del presidente Nayib Bukele, una nueva ley que permita dicha explotación.