Se trata del Hospital Universitario de Torrejón, en la Comunidad de Madrid, cuyo gobierno regional tiene las competencias en Sanidad. Y esta cuestión surge después de que el pasado día 3 el diario El País publicara un audio en el que el director ejecutivo (CEO) de este hospital daba indicaciones para que fueran rechazados pacientes o procesos clínicos menos rentables con el fin de ganar más dinero.
En la misiva, conocida este viernes y firmada también por otros eurodiputados españoles, los socialistas alertan de que el centro habría impartido instrucciones internas para "aumentar listas de espera, reducir intervenciones y rechazar pacientes o tratamientos considerados 'no rentables'", priorizando criterios económicos pese a tratarse de un servicio público financiado por la Comunidad de Madrid.
Los eurodiputados señalan, además, que cuatro directivos del hospital habrían sido despedidos tras alertar a través del canal ético de los riesgos asistenciales derivados de estas órdenes y de la posible vulneración de derechos de los pacientes.
En este sentido, piden a la Comisión que se pronuncie sobre si estas prácticas podrían ser incompatibles con la normativa europea de protección de la salud.
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Asimismo, solicitan que Bruselas determine si el despido de quienes denunciaron estas presuntas irregularidades contraviene el Derecho de la Unión y si prevé pedir información al Gobierno regional, responsable de la gestión del hospital, para esclarecer los hechos.
En redes sociales, los socialistas calificaron de "vergonzoso" el rechazo de pacientes "no rentables" e insistieron en la necesidad de que la Comisión Europea se posicione al respecto.
Ayer, el Ministerio de Sanidad español abrió una investigación para determinar si hubo irregularidades en el citado hospital público tras la publicación de la grabación.
En la Comunidad de Madrid, gobernada por el conservador Partido Popular (PP) desde hace treinta años, hay numerosos hospitales públicos con gestión privada, como el de Torrejón, con un modelo en el que su financiación, propiedad y control son públicos, pero la prestación del servicio está adjudicada durante un periodo de tiempo a una empresa concesionaria.
La información destapada por El País ha activado el debate político en España sobre la sanidad, ya que numerosos dirigentes de partidos de izquierdas que están en el Gobierno español cuestionan ese modelo de gestión.