"Estamos comprometidos a llevar ante la justicia a los depredadores de menores, incluidos los acusados en estos casos, y a proteger a nuestros niños", aseveró en un comunicado el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
De acuerdo a los documentos judiciales, el 4 de diciembre el Grupo de Trabajo contra los Delitos contra Menores de Puerto Rico (PRCACTF, en inglés), dirigido por la HSI, detuvo a José Antonio Maestre de 27 años, oriundo de Carolina, un municipio ubicado en el norte del archipiélago.
Después de que un gran jurado federal acusara a Maestre el 3 de diciembre de cinco cargos de explotación sexual de menores, coacción, seducción y transporte de un menor con la intención de participar en actividades sexuales delictivas, recepción de material de explotación infantil y transferencia de material obsceno.
Según los documentos judiciales, entre abril y octubre de 2025, el acusado utilizó dispositivos electrónicos y aplicaciones de redes sociales en Internet para persuadir y atraer a una menor de 14 años para que participara en conductas sexualmente explícitas.
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Si es declarado culpable, Maestre se enfrenta a una pena mínima de 15 años y una pena máxima de hasta cadena perpetua.
Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la pena tras considerar las directrices de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
Por otro lado, Gilberto Fontanez, un hombre de 67 años de Bayamón, fue arrestado el 4 de diciembre por agentes de la HSI, luego de que un gran jurado federal lo acusara de dos cargos de posesión y transporte de material de explotación infantil.
Según la acusación, entre agosto de 2012 y noviembre de 2025, el acusado utilizó a sabiendas dispositivos electrónicos para poseer y acceder con intención de ver imágenes de material de explotación infantil, incluyendo menores que no habían cumplido los 12 años de edad.
En este caso, si es declarado culpable, Fontanez se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 5 años y una pena máxima de 20 años de prisión.
"Me gustaría dar las gracias a los agentes federales, a los fiscales y a nuestros socios estatales y locales, que no cejan en su empeño por identificar y enjuiciar a quienes tratan de explotar a los niños", concluyó Muldrow.