Los hallazgos serán remitidos a la Fiscalía para que investigue el caso.
La auditoría, que realizó el análisis entre el 1 de agosto de 2022 y 30 de abril de 2025, sugiere también posibles responsabilidades administrativas por valor de 79.000 dólares y civiles por 2,5 millones de dólares.
La compra se refiere a la adquisición de 60 trolebuses eléctricos a la empresa china Yutong por valor de 35,3 millones de dólares. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ya señaló presuntas irregularidades en abril de 2024.
La tesis de la Contraloría es que la compra no se hizo ajustándose a las reglas de la ley ecuatoriana, al considerar que los trolebuses son bienes que deben adquirirse mediante una subasta inversa, un proceso competitivo y obligatorio según la norma de contratación pública.
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En su lugar, el alcalde correísta Pabel Muñoz habría suscrito un memorando de entendimiento con Unops y, sin coordinación previa, el gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) invitó directamente a Unops a presentar una propuesta.
Después, según la Contraloría, firmaron un memorándum de Acuerdo para que Unops se encargara de la compra. Además, la dirección de la empresa pública de transportes no se habría preocupado por hacer un seguimiento o evaluar el proyecto.
“Las mesas de trabajo técnicas y operativas realizadas entre el equipo de la EPMTPQ y la Unops [...] no contaron con los respaldos documentales que evidencien cómo se establecieron los costos de implementación e indirectos pagados a la organización en función de los productos y plazos acordados, así como las condiciones económicas convenidas”, según el comunicado de la Contraloría.
Además, se detectó que los trolebuses presuntamente fallaron 15 de las 80 especificaciones técnicas del contrato.