El Ejecutivo comunitario envió en concreto un dictamen motivado a estos tres países, el segundo paso en el proceso de infracción que les había abierto por no transponer la normativa dentro de plazo y que, en última instancia, le permite llevarles ante la Justicia Europea si no cumplen.
La directiva, que tenía que haber entrado en vigor plenamente el pasado 17 de enero de 2025, establece reglas de "resiliencia" en sus operaciones digitales para entidades como bancos, compañías de seguros, firmas de inversión y proveedores terceros de servicios tecnológicos con el fin de atajar los riesgos ligados a la creciente digitalización de los servicios financieros.
El objetivo es evitar que estas firmas sean vulnerables a ciberataques o incidentes ligados las tecnologías de información y comunicación que utilizan, así como que pueden gestionar perturbaciones de este tipo para evitar que provoquen una interrupción de los servicios y que el problema se contagie a otras empresas y sectores.
"La implementación total de la legislación es clave para reforzar la resiliencia operacional digital de las entidades financieras de toda la UE", recalcó en un comunicado la Comisión Europea, que recordó a los países que tienen dos meses para incorporarla en sus respectivos ordenamientos nacionales y notificárselo.
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De lo contrario, recordó, puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y pedir incluso sanciones por el incumplimiento.