Las víctimas eran mujeres jóvenes procedentes de Brasil en situación de especial vulnerabilidad, quienes, tras ser captadas mediante engaño, eran forzadas a ejercer la prostitución en prostíbulos, detalló la Policía en un comunicado.
En esta operación han sido detenidos en Logroño una pareja, identificados como integrantes de la cúspide de la organización y principales beneficiarios económicos de la explotación.
La investigación se inició en junio de 2024 en Logroño, tras una denuncia sobre un posible caso de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
El proceso de captación se iniciaba en Brasil, donde miembros del entramado seleccionaban a mujeres jóvenes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad y precariedad económica, que eran puestas en contacto telefónico con la principal cabecilla de la red, residente en Logroño, quien informaba a las mujeres sobre supuestos trabajos en España y les ofrecía cubrir los costes de viaje si no tenían dinero para ello.
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Estos gastos, después, se convertían en una deuda que las víctimas debían saldar mediante el ejercicio forzado de la prostitución. Cuando llegaban a España, eran trasladadas a un domicilio de la capital de la comunidad autónoma de La Rioja y se les retiraba el pasaporte, que solo se les devolvía una vez cancelada la deuda adquirida.
Desde allí debían trasladarse diariamente a otro inmueble cercano utilizado como piso-prostíbulo, donde se llevaba a cabo la explotación sexual.
Las víctimas estaban sometidas a normas estrictas y abusivas, según la investigación, dado que la organización criminal, que se quedaba el 50 % de los beneficios que generaban, las obligaba a estar disponibles en una jornada ininterrumpida de 10:00 a 23:00 horas.
También tenían prohibido cocinar, por lo que pedían comida a domicilio, que debía ser baja en calorías para no ganar peso.
Cuando se detuvo a los dos cabecillas de la red, los agentes intervinieron documentación y 3.400 euros en efectivo, además de localizar y liberar a cuatro víctimas que en ese momento eran explotadas sexualmente y, a lo largo de la investigación, se han liberado a siete en total.
España cuenta con una línea telefónica y un correo policiales para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.