La firma se realizó mediante las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC), con el apoyo de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, destacó en su cuenta de X que el acuerdo representa un avance significativo y que "todo habría sido en vano" si no se tomaban las medidas adecuadas para "tener en cuenta el inevitable crecimiento demográfico de Tijuana y sus alrededores".
Zedlin agregó que han "establecido el marco para dar pasos importantes y ahora esperamos ponernos en marcha rápidamente para implementar las medidas acordadas mutuamente".
El acuerdo establece una serie de nuevos proyectos de infraestructura en México, además de programas de investigación, mejor monitoreo y planificación para garantizar la operación y el mantenimiento de sitios críticos.
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Entre los objetivos del plan se encuentra atender el crecimiento poblacional futuro de Tijuana y asegurar que las instalaciones existentes y nuevas se mantengan de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
Según la EPA, la Acta 333 no compromete nuevos fondos de los contribuyentes estadounidenses, sino que se centra en la implementación efectiva de los proyectos ya acordados en un memorándum de entendimiento firmado en julio.
Cada iniciativa incluida en el plan se ejecutará durante 2026 y 2027, con un proyecto adicional previsto para 2028, con lo que se espera reabrir playas, eliminar malos olores y revertir la degradación del valle del río Tijuana.