Jossimar Cabrera, de 36 años, está acusado por cargos de asesinato agravado en agosto pasado de la inmigrante peruana Sheyla Lizbeth Gutiérrez, cuyo cuerpo fue encontrado en un bosque de Los Ángeles (California).
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, dijo en un comunicado este lunes que los intentos de evadir la justicia de Cabrera “no tendrán éxito”.
“Si bien se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, esta extradición garantiza que ahora rendirá cuentas a través del proceso legal”, abundó Hochman, en un caso que se ha convertido en insignia de la lucha contra la violencia doméstica.
Según la Fiscalía, Gutiérrez, de 33 años, fue presuntamente asesinada el pasado 10 de agosto en un apartamento de Lancaster, una ciudad del condado de Los Ángeles, donde vivía con el acusado y sus tres hijos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Las amigas de la inmigrante reportaron la desaparición a las autoridades, el pasado 12 de agosto.
Tras la denuncia, el Departamento del Alguacil de Los Ángeles amplió su búsqueda luego de hallar varios videos en los que Cabrera fue captado arrastrando lo que parece ser un cuerpo envuelto en una lona por el corredor del edificio donde vivían.
El cuerpo de la madre inmigrante fue hallado el 16 de agosto en una zona remota del Bosque de Los Ángeles.
Luego del presunto homicidio, Cabrera Cornejo se llevó a los niños y huyó a Perú, donde después de la presión mediática se entregó a las autoridades.
Miguel Coronado, de la organización Dr. Suárez Coronado, Agents of Change, que encabezó una manifestación en agosto pasado para presionar la detención del peruano, dijo a EFE que la mujer dijo a sus amigas que era víctima de violencia doméstica y supuestamente el sospechoso la amenazó con llamar a las autoridades migratorias para que la deportaran si ella lo denunciaba.
De ser declarado culpable, Cabrera se enfrenta a una pena máxima de 26 años a cadena perpetua en una prisión estatal, explicó la Fiscalía angelina.
El matrimonio y sus tres hijos, de 3, 7 y 9 años, habían ingresado por la frontera sur de Estados Unidos en 2023 en busca de asilo y se habían radicado en Lancaster.