La petición, lanzada por las ONG 'Funky Citizens' y 'Declic', sostiene que cada día sin reformas supone el archivo de nuevos casos de corrupción, debido a que prescriben, y un deterioro del Estado de derecho.
La iniciativa se suma a grandes movilizaciones en Bucarest y en otras ciudades, donde los manifestantes reclaman dimisiones en la cúpula judicial y cambios legislativos profundos.
Las protestas estallaron tras la difusión de un documental de investigación del portal 'Recorder', en el que jueces y fiscales, en activo y retirados, aseguran que grandes casos de corrupción son aplazados de forma sistemática, mientras magistrados considerados íntegros son marginados o sometidos a procedimientos disciplinarios.
El documental también señala la existencia de mecanismos que debilitan la independencia judicial y permiten dilatar los procesos penales hasta que prescriben.
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Entre las principales demandas figura la destitución de la presidenta del Tribunal Superior de Casación y Justicia, Lia Savonea, así como cambios en la dirección de la Fiscalía Nacional Anticorrupción (DNA) y la eliminación de lagunas legales que facilitan el aplazamiento de los juicios.
El primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, anunció que se investigarán los supuestos abusos denunciados, mientras que el presidente, Nicușor Dan, aseguró que actuará para defender a los magistrados que critican problemas internos y los convocó a una reunión el próximo 22 de diciembre.
Laura Codruța Kovesi, jefa de la Fiscalía Europea y exdirectora de DNA, expresó su preocupación por unas revelaciones que, a su juicio, dañan la independencia y la reputación del poder judicial.
"La aplicación de sanciones disciplinarias a jueces y fiscales que denuncian abusos dentro de su propio cuerpo profesional solo puede interpretarse como una represalia destinada a silenciar críticas legítimas", afirmó Kovesi en declaraciones al portal 'G4Media'.