En concreto, los jueces de Estrasburgo consideran que las medidas adoptadas contra 139 organizaciones, entre ellas la Fundación Anticorrupción (FBK), vulneran cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que hasta 2022 Rusia era firmante.
Las asociaciones estuvieron sometidas durante años al acoso de las autoridades de Moscú, que orquestaron contra ellas "registros masivos coordinados de domicilios y oficinas, incautación de bienes o congelación de cuentas bancarias".
Además, algunas de ellas fueron incluidas en la lista de "agentes extranjeros" y consideradas como "extremistas", lo que condujo a su disolución y a la criminalización de cualquier actividad a la que estuvieran vinculadas.
Todas estas acciones constituyeron, según la sentencia, una violación del derecho a la vida privada y familiar, al domicilio, a la libertad de expresión, de asociación y del acceso a los derechos, así como al protocolo que consagra la protección de la propiedad.
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"Las medidas formaban parte de un esfuerzo concertado a una escala sin precedentes para atacar el núcleo de la oposición democrática organizada entorno a Navalni y eliminarla", concluye el tribunal, que establece que los motivos aducidos por Moscú para adoptarlas, la lucha contra el blanqueo de capitales y el extremismo, "no se respaldan en ninguna prueba".
En realidad, señala la sentencia, "sirvieron de pretexto para desmantelar estructuras cívicas independientes" en un contexto en el que se había lanzado un ataque frontal a Navalni y sus allegados para lograr una "progresiva supresión del pluralismo político en Rusia".
Esta nueva condena a Rusia relacionada con la represión contra Navalni se produce dos años después de la pronunciada por la ausencia efectiva de una investigación sobre el envenenamiento del opositor en 2020.
Emblemática figura que se enfrentó al presidente, Vladimir Putin, Navalni falleció en un centro penitenciario ruso en febrero de 2024 en circunstancias no aclaradas por Moscú.