El Ejecutivo anunció su decisión de no refrendar ni promulgar una serie de enmiendas legales impulsadas por los dos principales partidos de la oposición, el Kuomintang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), en una medida sin precedentes en la historia constitucional de la isla.
Estas enmiendas estaban destinadas a modificar la forma en que se reparten los recursos fiscales entre el Gobierno central y las administraciones locales, favoreciendo a estas últimas.
Si bien el Partido Democrático Progresista (PDP) lleva gobernando de forma ininterrumpida en Taiwán desde 2016, el KMT -formación favorable a estrechar lazos con Pekín- es el partido con más escaños en el Parlamento y cuenta con un importante poder municipal, ocupando las alcaldías de ciudades como Taipéi, Nuevo Taipéi, Taichung y Taoyuan.
El 5 de diciembre, el Parlamento rechazó la solicitud de reconsideración de las enmiendas a la ley de reparto de recursos fiscales, forzando al gabinete a refrendar y promulgar estos cambios legislativos antes del 15 de diciembre, algo que no ha sucedido.
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En un video difundido a través de sus redes sociales, Lai denunció que la implementación de las enmiendas propuestas por la oposición llevaría a las finanzas públicas "al borde del colapso", ya que obligaría al Gobierno central a endeudarse más allá del límite legal de endeudamiento en 2026.
El mandatario también aludió a la revisión del sistema de pensiones aprobada por el Legislativo el viernes pasado, normativa que, cuando se aplique, hará que todo el sistema "entre en quiebra de forma anticipada".
"Esta sucesión de reformas legislativas carece de un debate suficiente entre el oficialismo y la oposición, e incluso vulnera principios constitucionales", puntualizó Lai, quien acusó a los legisladores opositores de impulsar "por la fuerza" una serie de "leyes abusivas" que representan "graves amenazas para el país y la ciudadanía".
"Compatriotas, Taiwán ya es un eje clave del bloque democrático mundial, y nuestra estabilidad tiene repercusiones globales. No podemos permitir que leyes plagadas de errores debiliten la competitividad de Taiwán, ni que la comunidad internacional pierda la confianza en nuestro país", manifestó el presidente.
La oposición, por su parte, acusó al Ejecutivo de distorsionar el espíritu de la Constitución y de socavar tanto el Estado de derecho como el sistema parlamentario en Taiwán al negarse a promulgar las enmiendas.
Esta decisión abre un nuevo capítulo en el abultado historial de conflictos entre el oficialismo y la oposición taiwanesa, que desde principios de 2024 se ha valido de su mayoría parlamentaria para obstaculizar la agenda del Gobierno.
El último ejemplo de ello fue la reciente negativa del Legislativo a tratar el proyecto de ley que autoriza un presupuesto especial de defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.738 millones de dólares) para el período 2026-2033, el cual busca contrarrestar la presión militar de China en torno a la isla.