"La Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del "voto por voto" total a nivel nacional sin causa. No existe disposición legal alguna que autorice el recuento de todas las actas para un nivel específico sin motivación probada y sin la acreditación de inconsistencias concretas", subrayó el CNE en un pronunciamiento público.
La práctica legalmente admisible es "la revisión selectiva y no generalizada" de las actas electorales, indicó el CNE, que tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de los comicios.
Aceptar un recuento generalizado en el nivel presidencial podría derivar en revisiones similares en otros niveles, "desnaturalizando el sistema de escrutinio" establecido por la ley y "actuando al margen de la ley", agregó el ente de comicios.
A casi tres semanas de las votaciones, los hondureños aún desconocen los resultados oficiales, aunque hasta ahora y con 99,80 % del escrutinio se mantiene al frente el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura - quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump - con el 40,54 % de los votos, seguido muy de cerca por el también conservador Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, con el 39,19 % de votos.
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La candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, que no reconoce los resultados del CNE, figura en el tercer puesto con el 19,29 % de las papeletas.
Nasralla ha solicitado de manera reiterada un recuento de "voto por voto" de todas las actas de las elecciones, argumentando inconsistencias en el escrutinio.
Un conteo especial de más de 2.700 actas con inconsistencias debió iniciarse el pasado día 13, según lo previsto por el CNE, pero se ha retrasado por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de algunos partidos y trámites tecnológicos pendientes, entre otros.
El CNE indicó este miércoles que la ley solo autoriza "revisiones y recuentos especiales" con "causales objetivas y específicas", y mediante un "procedimiento formal, reglado y debidamente motivado".
Los recuentos son "selectivos", caso por caso, y solo se aplican a los niveles electivos afectados, sin base legal para un recuento total o generalizado sin evidencia concreta de irregularidades, precisó.
El ente electoral afirmó que un recuento general "sin sustento legal" no solo carece de base jurídica, sino que también vulneraría principios fundamentales como legitimidad, equidad, imparcialidad y transparencia.
Explicó que quien solicite una revisión o recuento, debe acreditar de manera concreta "la existencia de irregularidades" en cada caso, como errores de transcripción, fallas en la contabilización de votos, marcas asignadas a los partidos o diferencias entre la cantidad de votantes que firmaron el cuaderno y la registrada en el acta.
El CNE aseguró que la revisión y el recuento no son un derecho automático de los solicitantes, sino una "potestad legal" del órgano electoral, sujeta a estrictos parámetros y al ejercicio de sus atribuciones conforme a la legislación vigente.