Explicó que el proceso se hizo mediante un acuerdo legal entre el país andino y la agencia de Naciones Unidas.
Así lo detalló a EFE el gerente de la EPMTPQ, Xavier Vázquez, quien recalcó que la compra se hizo con un mecanismo que "nos da la Constitución y la ley ecuatoriana" que permite "usar un convenio de cooperación internacional" en el marco de la Carta Magna, de los acuerdos internacionales y de la Ley de Contratación.
La Unops, la agencia técnica sin fines de lucro, especializada en adquisiciones públicas, infraestructura y gestión de proyectos, trabaja en Ecuador amparada por un acuerdo con la Cancillería, establecido mediante un intercambio de notas oficiales.
Este acuerdo se basa en el marco de cooperación firmado entre el Ecuador y el PNUD en 2005, actualizado en 2022.
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"No hemos inventado el agua tibia en la empresa de pasajeros ni el municipio. Este es un mecanismo que ha estado permanentemente siendo usado en distintas instancias de gobierno nacional y gobiernos locales", explicó Vázquez.
La pasada semana, la Contraloría de Ecuador cuestionó que la compra, aparentemente, no se hizo ajustándose a las reglas de la ley ecuatoriana, al considerar que los trolebuses son bienes que deben adquirirse mediante una subasta inversa, un proceso competitivo y obligatorio según la norma de contratación pública.
Tanto el Municipio de Quito como la Unops niegan tajantemente estas acusaciones y defienden la legal, transparencia y eficiencia de la adquisición.
La auditoría de la Contraloría sugiere también posibles responsabilidades administrativas por valor de 79.000 dólares y civiles por 2,5 millones de dólares.
"Esos 2,5 millones son nuestro costo de implementación", tales como honorarios de especialistas, elaboración de Términos de Referencia (TDR), supervisión técnica, entre otros, explicó a EFE Nicholas Gardner, director de la Oficina Andina de Unops.
"La firma de esos convenios permite usar la compensación que hace el Gobierno ecuatoriano a Naciones Unidas a través del mecanismo de recuperación de costos, que en este proyecto, eran 2,5 millones aproximadamente", matizó Vázquez.
Gardner explicó que pidieron una "auditoría interna" para demostrar que se trató de una compra limpia y transparente y que, aunque saben que no hay nada negativo ni incorrecto, están dispuestos a hablar con la Contraloría, por lo que han pedido una reunión para aclarar cualquier duda que tengan.
El informe de la Contraloría todavía no ha llegado formalmente ni a Unops ni a la EPMTPQ.
"Defenderemos totalmente a nuestros funcionarios (...) porque hemos hecho las cosas en total legalidad y estamos convencidos de ello", concluyó Vázquez.
El proyecto para la renovación de la flota de 60 trolebuses beneficia mensualmente a 1,2 millones de usuarios y ha registrado más de 19 millones de viajes desde su puesta en operación, con cerca de 2 millones de kilómetros recorridos.
La nueva flota eléctrica contribuye a una reducción estimada de emisiones de 8.640 toneladas de CO₂ al año.