El alto tribunal decidió paralizar de forma provisional la ley que abolía la Oficina de Protección de Denunciantes de corrupción, tras admitir un recurso presentado por 63 diputados de la oposición, informó este jueves el Constitucional en su página web.
Según explicó el Constitucional, la norma quedará suspendida hasta que se emita un fallo definitivo sobre su constitucionalidad, con el objetivo de evitar posibles daños irreversibles por su entrada en vigor.
De aplicarse la ley podría vulnerar la independencia y los derechos de la dirección del centro, además de los de un centenar de denunciantes de corrupción que quedarían sin amparo institucional.
La decisión fue bien recibida por el fiscal general, Maros Zilinka, quien destacó que la suspensión evitará posibles consecuencias negativas e irreparables de la nueva legislación y permitirá revisar su conformidad con la Constitución eslovaca, los tratados europeos y los estándares de derechos humanos.
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El Gobierno, una coalición de socialistas y ultraderechistas, considera que esa oficina está politizada y ofreció protección a presuntos "delincuentes", en concreto a exagentes del cuerpo de élite NAKA, que en la legislatura anterior persiguieron por corrupción a personas cercanas a Fico.
La medida, vetada por el presidente, Peter Pellegrini, se aprobó en segunda lectura en el Parlamento, y después de que el Ejecutivo de Bratislava desmantelase la Fiscalía Especial contra la corrupción, que había investigado a personas cercanas a Fico y modificase la legislación para acortar el periodo en el que prescriben algunos delitos, entre ellos los económicos.
Tanto la Comisión Europea, como ONG y la oposición interpretaron la medida como un intento de debilitar los mecanismos de control y la lucha contra la corrupción.
El pasado martes miles de personas se manifestaron en Bratislava contra esta normativa y otras reformas promovidas por el Ejecutivo, que consideran un retroceso democrático.
En otra resolución separada, el Constitucional declaró contrario a la Carta Magna una ley adoptada en abril que obligaba a las ONG a revelar sus fuentes de financiación, así como la identidad de sus principales donantes y miembros.
El alto tribunal consideró que la normativa vulneraba derechos fundamentales como la libertad de asociación y expresión, el derecho a la privacidad y el principio de proporcionalidad, además de entrar en conflicto con la Convención Europea de Derechos Humanos.
Esa legislación exigía revelar el origen de la financiación de las ONG y obliga a declararse oficialmente como "organizaciones con apoyo extranjero" cuando reciban más de 5.000 euros de fuera del país en un ejercicio fiscal.