La reforma modifica los umbrales a partir de los cuales la evasión se considera delito, limita la intervención penal solo a casos de “evasión relevante” e introduce mecanismos que permiten la extinción de la acción penal cuando el contribuyente regularice su situación fiscal.
La iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja con 130 votos positivos del bloque oficialista, La Libertad Avanza (LLA), y sus aliados -mientras que hubo 107 votos negativos y 2 abstenciones- por lo que deberá ser ahora tratado en el Senado para convertirse en ley.
El proyecto, según su texto, persigue el objetivo de “descomprimir el sistema judicial y concentrar los recursos del Estado en conductas verdaderamente lesivas”.
Nuevos umbrales para la evasión
Los umbrales para que la evasión sea considerada delito se elevaría de 1,5 a 100 millones de pesos (unos 67.500 dólares) en su modalidad simple, y de 15 a 1.000 millones de pesos (alrededor de 675.700 dólares) en la agravada.
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Se reduce, a su vez, el plazo de prescripción de deudas tributarias de cinco a tres años.
Propone también una simplificación de los regímenes de declaraciones patrimoniales, basado en la presunción de inocencia.
“Este proyecto establece un cambio de paradigma. Hace un tiempo atrás, durante el período kirchnerista (peronista), se consideraba que los contribuyentes eran sospechosos por defecto”, señaló la diputada de LLA y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, antes de que su compañera de bloque, Silvana Giudici, pidiera clausurar el debate y pasar directamente a la instancia de votación.
¿Para esconder narcos?
A la hora de expresar su oposición a la ley, la diputada de izquierda Myriam Bregman dijo que se estaba votando “la ley de José Luis Espert”, en referencia al candidato legislativo de LLA que presentó la iniciativa el pasado julio y renunció al primer lugar de la lista a pocos días de los comicios por supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
La diputada argumentó que se trataba de un proyecto “para esconder narcos”.