El magnate de 78 años fue declarado culpable el 15 de diciembre por un tribunal de tres jueces de dos cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y uno de conspiración para publicar material sedicioso, infracciones que pueden conllevar cadena perpetua. La sentencia se dictará en enero.
El fundador del clausurado diario Apple Daily, encarcelado desde 2020, fue acusado de usar su medio para incitar protestas y solicitar sanciones internacionales contra China y Hong Kong.
Los titulares del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos) condenaron el proceso y exigieron su liberación inmediata, expresando preocupación por el "deterioro de derechos, libertades y autonomía" en la ciudad semiautónoma y recordando que la libertad de expresión y prensa están consagradas en la Ley Básica hongkonesa.
Un portavoz del Ejecutivo local calificó las declaraciones occidentales de "calumnias y difamaciones", defendiendo que "salvaguardar la seguridad nacional es una prioridad máxima de todo país" y que legislar al respecto es "un derecho inherente de todo Estado soberano y una práctica internacional común", conforme al derecho global y la Carta de la ONU.
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Añadió que "ningún país toleraría con los brazos cruzados actos que pongan en peligro la seguridad nacional".
El portavoz citó legislaciones similares en naciones del G7, como la Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido de 2023, o la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos, destacando que estos países han intensificado acusaciones de espionaje contra contactos legítimos con China, muchas archivadas por falta de pruebas.
Consideró "irónico y de doble rasero" presentar las acciones de Lai -contactos con potencias externas y peticiones de sanciones- como ejercicio de libertad de prensa, ignorando que la fiscalía actuó "únicamente sobre pruebas e interés público" y que el tribunal juzgó "independientemente, basándose en hechos y evidencias".
La resolución, de 855 páginas y pública, aclara que Lai no fue procesado por opiniones políticas, sino por actos concretos. El portavoz enfatizó que "el caso no tiene nada que ver con la libertad de prensa", pues Lai utilizó su plataforma "como tapadera para actividades dañinas, controlando personalmente la línea editorial y solicitando acciones hostiles externas".
No obstante, las autoridades defienden que los hongkoneses disfrutan de derechos protegidos por la Constitución, la Ley Básica y pactos internacionales, aunque los periodistas deben asumir "deberes especiales de responsabilidad" con buena fe y precisión.
Cualquier intento foráneo de desacreditar el fallo "solo expone debilidades argumentales", concluyó el comunicado del Ejecutivo, demandando el cese de "injerencias en asuntos internos chinos".