El juez de Madrid Juan Carlos Peinado decidió en agosto citarlas como investigadas para determinar si Begoña Gómez hizo un uso inadecuado de las funciones de Cristina Álvarez como empleada pública en beneficio de actividades privadas.
En concreto, se cuestiona que Álvarez efectuara presuntamente gestiones relacionadas con una cátedra universitaria que Begoña Gómez codirigía en una universidad pública de Madrid.
Tanto Gómez como Álvarez recurrieron la decisión del juez de citarlas como investigadas, pero la Audiencia de Madrid rechazó sus recursos en un auto dictado el pasado 5 de diciembre, pero notificado este viernes.
"Resulta dudoso, y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del presidente de Gobierno haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo", argumenta la Audiencia.
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A juicio de los magistrados, en este caso "se hace recaer en una persona de su máxima confianza, no para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales (como esposa del jefe del Ejecutivo), sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares".
Por esa razón, podría darse "el consiguiente perjuicio para el patrimonio público", lo que encajaría en el tipo penal de malversación, deduce la Audiencia.
El auto plantea también que "probablemente" la actividad de Álvarez podría desarrollarse "durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios".
Por ahora, Peinado mantiene el procedimiento judicial contra Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y la citada malversación de caudales públicos.
La investigación judicial comenzó en abril de 2024 por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, a los que se añadieron posteriormente los de apropiación indebida e intrusismo por la contratación de un 'software' para el máster que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.
El juez inició las diligencias a raíz de una denuncia del autodenominado 'sindicato' Manos Limpias -a cuyo fundador se vincula con grupos de ultraderecha- basada en informaciones de prensa, que la Fiscalía solicitaba archivar.