El presupuesto votado durante la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados y que ahora tiene que ser sancionado por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, proyecta un gasto total de 6.500 billones de reales (1 billón de dólares aproximadamente).
Del monto total, casi el 97 % se destinará a presupuestos fiscales y de seguridad social, mientras que el resto se reservará para inversiones en empresas estatales.
Del presupuesto fiscal y de seguridad social, el 28 % se destinará exclusivamente al pago de intereses y amortización de la deuda pública, que se ubica actualmente en el 65 % del PIB de Brasil.
En 2026, año en el que se celebrarán en el país elecciones presidenciales, regionales y legislativas, el presupuesto contempla una cifra destinada a enmiendas parlamentarias de cerca de 61.000 millones de reales (aproximadamente 11.000 millones de dólares).
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Del total, el 62 % corresponde a enmiendas impositivas de ejecución obligatoria, que son recursos que los legisladores destinan a obras en sus reductos electorales, y que el Gobierno está obligado a desembolsar.
Esto causó tensión con el Ejecutivo a inicios de mes, cuando Lula acusó al Congreso de "secuestrar el 50 % del presupuesto del Gobierno" para destinarlo a tales fines.
Dado que 2026 es año de elecciones, se destinaron aproximadamente 5.000 millones para el llamado Fondo Especial de Financiación de Campaña (FEFC), destinado a financiar las campañas de los candidatos, creado en 2017 tras la prohibición de las donaciones de empresas privadas a campañas políticas.
El presupuesto para el próximo año fue aprobado antes del receso parlamentario, que comenzará el próximo 23 de diciembre, a diferencia de la partida de este año, que fue aprobada con tres meses de retraso, en marzo, debido a un embate jurídico entre la Corte Suprema y el Congreso por la falta de transparencia en torno a las enmiendas legislativas.