El fracaso de las últimas negociaciones para dotarse de unas cuentas antes del 31 de diciembre llevó al Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu a prolongar los plazos, algo que pasa por aprobar una ley especial que garantice la continuidad de los ingresos y gastos del Estado.
Para ello, estuvo recibiendo a lo largo de la jornada a los principales líderes políticos, excluidos los de la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que han rechazado todo contacto con el Gobierno.
Una ronda de conversaciones que sirve para constatar el acuerdo mayoritario para prorrogar las cuentas y proseguir las negociaciones, pese a que las posturas están muy alejadas en el seno de una Asamblea Nacional más atomizada que nunca.
Posteriormente, el presidente, Emmanuel Macron, presidirá un Consejo de Ministros en el que será presentada la prórroga de los presupuestos, que tras seguir el procedimiento de urgencia en las dos cámaras será adoptada el martes.
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Los primeros en ser recibidos por Lecornu fueron los socialistas, que están sirviendo de apoyo para la continuidad del Gobierno, a costa de importantes concesiones que ponen en peligro el respaldo de los conservadores y de ciertos sectores del centro-derecha.
El líder socialista, Olivier Faure, acusó a la derecha de "rechazar todo compromiso" y aseguró que ellos mantendrán sus "exigencias", que pasan por "una mayor justicia social y evitar recortes en los servicios públicos".
Le seguirán en la mesa de negociaciones los líderes de la coalición 'macronista', los comunistas, los ecologistas y cerrará la ronda la derecha conservadora.
Si todos ellos están de acuerdo en prorrogar los presupuestos de forma provisional, los puntos de divergencia son importantes sobre la adopción de unas nuevas cuentas, puesto que la derecha y miembros de la coalición 'macronista' rechazan las subidas de impuestos y apuestan por los recortes como única manera de equilibrar las cuentas.
Una perspectiva que augura un enero difícil para la negociación, puesto que el Ejecutivo se fijó el plazo de un mes para adoptar un presupuesto.
Además, los diferentes partidos están ya marcando perfil de cara a la campaña de las elecciones municipales de marzo, lo que puede dificultar todavía más la búsqueda de compromisos.
Al tiempo, los diferentes organismos económicos alertan de los problemas que puede acarrear la prórroga de los presupuestos, si se extiende en el tiempo, y la necesidad de que las cuentas de 2026 sitúen el déficit por debajo del 5 %.
El presidente del Tribunal de Cuentas, el exministro socialista Pierre Moscovici, aseguró que Francia debe cumplir la trayectoria presupuestaria que presentó a Bruselas, que pasa por una reducción progresiva del déficit para situarse por debajo del 3 % del PIB en 2029, y consideró que de ello depende "la credibilidad" del país.
También aseguró que no reducir el déficit en 2026 supondría tirar la pelota para adelante y recordó que en 2027 hay elecciones presidenciales, lo que hará más difícil todavía llegar a compromisos de recortes del gasto.
