"No se planea (endurecer las condiciones), pero en la práctica los enfoques se han vuelto más estrictos, principalmente en lo que respecta al pago al inversor extranjero de un valor expropiado", declaró Moiséyev en el extracto de una entrevista que adelantó la agencia TASS.
El funcionario aclaró que el plazo para obtener la aprobación del Subcomité de Control de la Inversión Extranjera para las transacciones que impliquen la desinversión de activos por parte de empresas extranjeras suele ser de unos seis meses.
Sí que se ha acelerado, en cambio, el proceso de revisión de dichas transacciones debido a requisitos internos de la parte rusa.
Sin embargo, señala que el subcomité se muestra cauteloso cuando la empresa es vendida a su propia gerencia, pues si el precio es demasiado bajo "genera sospechas, ya que podría estar enmascarando una retirada oculta de fondos con liquidaciones en el extranjero".
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"Las opciones deben estar a valor de mercado y tener una validez máxima de dos años", afirma.
Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, Rusia expropió más de 100 empresas privadas por valor de unos 50.000 millones de dólares, lo que equivale al 2 % del PIB nacional.
Del mismo modo, el Kremlin dejó recientemente claro que responderá proporcionalmente a la confiscación de sus activos congelados en la Unión Europea.
Hace dos semanas la Bolsa de Moscú volvió a permitir las inversión en acciones por parte de ciudadanos extranjeros a través de un régimen especial.
En julio, el presidente ruso, Vladímir Putin, levantó las restricciones impuestas a los inversores extranjeros que habían impuesto sanciones contra Rusia durante los años 2022 y 2023, aunque sus operaciones deben contar con la autorización de una comisión gubernamental.
A pesar de que a principios de este año, en línea con el inicio de las negociaciones para la paz con Ucrania, Moscú defendió que muchas empresas occidentales trataban de volver al país, pero esto finalmente no tuvo lugar y el clima de inversión nacional se ha vuelto cada vez más arriesgado.