El juicio político contra Simpertigue, que quedó inhabilitado para desempeñar cualquier función pública en los próximos cinco años, fue presentado por parlamentarios de oposición, que acusaron al alto magistrado de no haberse inhabilitado en juicios en los que participaron dos abogados con los que mantuvo vínculos personales (viajó en un crucero por el Mediterráneo).
Ambos abogados, además, están hoy en prisión preventiva por su presunta implicación en la llamada trama bielorrusa, en la que el mismo Simpertigue fue imputado la semana pasada.
El caso indaga presuntos delitos de lavado de activos, cohecho y soborno, vinculados a un fallo favorable al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec y emitido por la entonces ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, destituida en octubre de 2024 por otro caso.
Según las investigaciones judiciales en curso, la polémica resolución favoreció al consorcio bielorruso, contratado por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) para realizar unas obras en una de sus minas, en montos que superan los 11.000 millones de pesos chilenos (más de 12 millones de dólares al cambio de hoy) y obligó a la estatal a pagar una indemnización de 17.500 millones de pesos (más de 18 millones de dólares) a la empresa extranjera.
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Los parlamentarios acusaron a Simpertigue de "falta al deber de probidad, abstención e imparcialidad" en la causa de Belaz-Movitec y Codelco.
"Redactó la sentencia que otorgó un beneficio millonario a un consorcio cuyos abogados hoy se encuentran imputados por delitos de corrupción", señaló en su intervención el senador democristiano Iván Flores.
Simpertigue, quien llegó al cargo en enero de 2022 como el primer ministro de carrera de la Corte Suprema proveniente de uno de los pueblos originarios de Chile, por el origen aimara de su madre, aseguró que le hicieron "responsable de la crisis del Poder Judicial".
El Poder Judicial chileno atraviesa una grave crisis que comenzó con las investigaciones del llamado caso Audio, una causa de corrupción y tráfico de influencias que remeció al país en octubre de 2024 y salpicó a la élite política, económica y judicial. Por este caso fue destituida, en un proceso disciplinario, la exministra Vivanco.
Su remoción coincidió con la destitución por parte del Congreso del también juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz, acusado en un juicio político impulsado por la oposición de derecha de anticipar un fallo judicial para beneficiar a su hija.
Junto con los tres ministros de la Suprema, otros dos jueces de la Corte de Apelaciones han sido removidos de sus cargos en el último tiempo.