El caso de Tabari "muestra un patrón de graves violaciones del derecho internacional y las garantías de un juicio justo, mientras se usa de forma inapropiada la pena de muerte para delitos de seguridad nacional", señalaron en un comunicado conjunto.
La ingeniera fue condenada por el delito de "rebelión armada" basándose en dos pruebas: un trozo de tela con el lema "Mujer, Resistencia, Libertad", que se popularizó en las protestas de 2022, y un mensaje de audio no publicado.
Según los firmantes del comunicado, fue arrestada durante un registro en su domicilio sin una orden judicial, interrogada durante un mes y presionada para que se declarara culpable de haber tomado las armas contra el Estado y pertenecer a un grupo opositor.
El juicio, realizado por videoconferencia, duró menos de diez minutos y en él se le negó acceso a un abogado de su elección, ejemplos de graves violaciones procesales que ponen en duda la legitimidad de la condena, aseguraron.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Tabari es uno de los más de medio centenar de personas actualmente en el corredor de la muerte en Irán por delitos relacionados con la seguridad tales como "rebelión armada", "guerra contra Dios", "corrupción en la tierra" o espionaje, recordaron.
"El uso sistemático de la pena de muerte por parte de Irán para delitos de seguridad nacional vagamente definidos representa un serio incumplimiento de sus obligaciones legales internacionales", afirmaron.
Firman el comunicado, entre otros, las expertas que forman parte del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas, y la relatora especial sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem.