"Cada vez que intentamos cruzar, nos traen de vuelta aquí y no sabemos qué pasará después", declaró a EFE Okafor, quien reconoce que Libia -país que muchas organizaciones consideran 'no seguro' para el retorno de migrantes- "nunca fue su destino final".
El regreso de Okafor, que pagó 2.500 dólares a unos contrabandistas (unos 2.100 euros) por la travesía, se enmarca en la cooperación en curso entre Libia e Italia en materia de migración irregular, basada en un memorando de entendimiento firmado el 2 de febrero de 2017, y que fue renovado el pasado 2 de noviembre.
En 2023, Túnez superó a Libia como país de origen en esta ruta mediterránea, tras lo que la Unión Europea firmó un memorando de entendimiento para controlar el flujo migratorio a cambio de apoyo financiero. En 2025, de los 65.613 personas que arribaron a costas italianas hasta el 22 de diciembre, 58.083 partieron de Libia, según datos de ACNUR.
En la ciudad de Bani Walid, el oeste del país, Ismail Mussa, un migrante nigerino de 26 años, lleva semanas escondido en una casa tras haber escapado de un grupo de secuestradores que lo detuvieron y le causaron una profunda herida en el abdomen.
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"No puedo ir al hospital por miedo a que me arresten", declaró a EFE el joven nigerino.
Musa, quien tiene un trabajo intermitente en Bani Walid en el que apenas gana unos diez dólares al día, contó que sus "heridas físicas han sanado", pero las secuelas del trauma psicológico aún "lo "atormentan".
En un país donde grupos armados llevan años implicados en las denuncias de detenciones arbitrarias y torturas de refugiados y migrantes, la ciudad de Bani Walid adquirió una mala reputación en el complejo panorama libio.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Right Watch (HRW) y Médicos Sin Fronteras (MSF), advirtieron de que la devolución de migrantes a Libia viola el principio de "no devolución", en medio de continuos informes de tortura y malos tratos en centros de detención.
Libia no es parte de la Convención sobre Refugiados de 1951 ni de su Protocolo de 1967, lo que significa que no existe un marco legal que regule el asilo ni defina los derechos de quienes buscan protección internacional.
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) estima que, a fecha de septiembre de 2025, 867.055 personas migrantes de más de 40 nacionalidades residen en el país, y valoran que la mayoría no tiene intención de establecerse en Libia, sino que la considera un punto de tránsito temporal.
Para el ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -quien controla el oeste de Libia-, Imad Trabelsi, "la presencia de un número tan grande de migrantes irregulares (que estima en tres millones) constituye una carga económica y de seguridad para el Estado".
El activista libio de derechos humanos Mohammed Barghali dijo a EFE que hablar esta cifra "no se basa en ningún censo de campo documentado", y que poner en duda la metodología de la OIM sin presentar mecanismos de enumeración claros plantea "interrogantes sobre la credibilidad".
El jefe del Departamento de Seguimiento de Organizaciones Internacionales del Ministerio del Interior del GUN, Abdelati al Yadak, insiste también en que aprecian una "cifra mucho mayor", ante lo que el Ejecutivo presentó un "proyecto nacional" de deportación con el que está previsto el traslado de más de 100.000 migrantes en los próximos meses a sus países de origen.
Trabelsi dijo que "Libia podría verse obligada a deportar por la fuerza a migrantes irregulares", y aludió a políticas de deportación similares a las implementadas en Estados Unidos por la Administración del presidente Donald Trump.
Esta propuesta fue criticada por activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que lo que está sucediendo no constituye un proyecto nacional, sino que, según ellos, supondrían deportaciones forzadas llevadas a cabo mediante mecanismos locales limitados.
Si bien las políticas europeas se centran en reducir el número de llegadas a sus costas, Libia sigue siendo a la vez un punto de tránsito y de detención, donde miles de personas migrantes permanecen varadas sin una salida clara en un país agotado por años de conflicto e inestabilidad, como Samson e Ismail.