En un comunicado, la ONG instó a las autoridades jordanas a que den explicaciones sobre "la detención arbitraria del periodista jordano Mohammad Faraj", de 43 años, que trabaja para la cadena de televisión Al Mayadeen -afín al movimiento libanés Hizbulá-, con sede en Beirut, donde reside.
A su llegada al Aeropuerto Internacional Reina Alia en Jordania el pasado 12 de diciembre, fue interrogado por las autoridades jordanas, según su esposa, la periodista Rana Abi Jumaa, que viajaba con Faraj y fue testigo de su detención.
Abi Jumaa dijo a la CPJ que ni ella ni su familia han podido ver a Faraj, quien creen que está detenido en el Departamento General de Inteligencia jordano, "sin representación legal" y sin saber "el motivo de su detención".
La directora regional de la organización, Sara Qudah, aseveró en el comunicado que "el arresto de un periodista sin revelar los cargos, negarle el acceso a un abogado e impedir las visitas familiares suscita serias preocupaciones sobre el debido proceso y la libertad de prensa en Jordania".
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"Las autoridades jordanas deben revelar inmediatamente el paradero de Mohammad Faraj, aclarar los fundamentos jurídicos de su detención y permitirle el acceso a su familia y a un abogado", afirmó Qudah.
La cadena de televisión Al Mayadeen, por su parte, ha pedido la liberación de Faraj, una figura crítica de las políticas de Estados Unidos y la OTAN.
Igualmente, no ha escrito sobre política jordana para Al Mayadeen desde 2024.
Según el comunicado de la ONG, "Jordania se caracteriza por las restricciones a la libertad de prensa, con la ley de delitos informáticos utilizada para perseguir a periodistas y la prohibición de múltiples sitios web de noticias".
La CPJ no ha recibido hasta el momento ninguna respuesta a su solicitud de comentarios enviada a través de la página web del Departamento General de Inteligencia.
Las autoridades jordanas no han reaccionado públicamente hasta el momento ante esta información.
La ley de delitos cibernéticos de 2023 ha facilitado la detención de autores de publicaciones en redes sociales, mientras que también se ha prohibido a los medios de comunicación informar sobre los Hermanos Musulmanes tras su ilegalización en abril.