Después de dos horas de deliberación, los jueces aceptaron el pedido de los abogados, que fue apoyado por la Fiscalía y por las defensas de los otros procesados, y declararon fallida la audiencia con el objetivo de evitar que una instalación con esas ausencias provoque futuras nulidades y deje a sus clientes en indefensión.
El caso, denominado como 'Triple A', inició en julio de 2024, a raíz de una denuncia interpuesta por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno del presidente Daniel Noboa, que expuso supuestas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles subsidiados por el Estado por parte de algunas empresas.
Esto habría causado un perjuicio de 61,5 millones de dólares, al supuestamente haber sido comercializados en zonas fronterizas a un valor acorde al mercado internacional, sin subvenciones estatales.
La Agencia también informó de supuestas incoherencias administrativas en algunas estaciones de servicio que supuestamente llegaron a vender más galones de diésel de los que podían almacenar de forma autorizada.
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Durante la investigación, la Fiscalía identificó supuestas irregularidades que "serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías", entre ellos Álvarez, que era representante legal de una de las comercializadoras investigadas cuando supuestamente se cometió el delito, antes de que fuera elegido como alcalde de Guayaquil, en 2023.
"Estamos aquí el 24 de diciembre dando la cara y enfrentando una situación que ya no importa lo que yo diga, ya la gente sabe que es una persecución", dijo el alcalde a su llegada este miércoles al Complejo Judicial Norte de Quito, donde decenas de simpatizantes lo esperaban para brindarle su apoyo.
La autoridad llegó al poder municipal de la mano del correísmo y se ha convertido en una de las voces más críticas de Noboa, por lo que ha asegurado que con este juicio buscan inhabilitarlo políticamente.
"Por supuesto que vamos a hacer oposición en un país en el que no hay medicinas, no hay nada que comer, pero en el que se gastan miles de millones de dólares en desprestigiar. Hay una campaña de desprestigio en todas las plataformas digitales, pero la verdad que a nosotros no nos mueve ni un pelo", enfatizó.
El alcalde dijo que los jueces tenían "una oportunidad histórica" para "resolver en derecho", por medio del conocimiento de las pruebas que existen en el extenso expediente. "Vamos a ver si pueden probar ese supuesto delito de contrabando en fronteras, porque nosotros sí podemos probar que no tenemos nada que ver con esta denuncia puerca", añadió.
Aseguró que a él lo han tomado como "carne de cañón" por lo que espera que eso sirva para que "Ecuador conozca la verdad y de una vez se limpie la justicia que está puerca".
El tribunal aprobó, por pedido del abogado del alcalde, que la audiencia sea transmitida por Youtube para que todo el país pueda seguirla.
Los jueces fijaron para el 31 de enero la nueva fecha de inicio del juicio, pero pidieron a los abogados que se ausentaron que en 72 horas legalicen y presenten los certificados médicos originales para verificar su veracidad.