"Este Tribunal se inclina a suspender la pena del apelante mientras se resuelve la apelación", señaló la orden emitida el martes por el alto tribunal, una decisión que no implica su absolución ni el cierre del caso.
El parlamentario era miembro del partido gobernante, el Bharatiya Janata Party (BJP), en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Fue expulsado del grupo tras conocerse el caso y condenado a cadena perpetua el 20 de diciembre de 2019.
Los jueces señalaron que Sengar no puede ser considerado "servidor público" ni una persona "en posición de confianza o autoridad", requisitos necesarios para aplicar la figura de violación agravada que permite imponer la cadena perpetua.
En ausencia de ese agravante, el tribunal indicó que el delito aplicable conlleva una pena mínima de siete años de prisión, castigo que Sengar ya ha cumplido tras pasar más de siete años encarcelado, una medida que no implica su absolución ni el cierre del caso.
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La suspensión de la condena queda sujeta a condiciones impuestas por el tribunal, entre ellas el pago de una fianza de unos 180.000 dólares (15 millones de rupias), la prohibición de acercarse a menos de cinco kilómetros del domicilio de la víctima y la obligación de permanecer en Delhi mientras se tramita la apelación.
El acusado deberá además abstenerse de amenazar o contactar con la víctima o con su madre, entregar el pasaporte al tribunal y presentarse una vez por semana en una comisaría, indicó la sentencia.
La violación ocurrió en junio de 2017 en la residencia de Sengar, en el distrito de Unnao, en el estado de Uttar Pradesh, donde la joven había acudido en busca de trabajo. El caso conmocionó al país tras conocerse que el parlamentario presionó a la familia de la víctima para que retirara la denuncia presentada ante la policía.
Poco después, el padre de la joven fue detenido por un cargo de tenencia ilegal de armas y murió bajo custodia policial, un fallecimiento que generó una fuerte polémica nacional. Sengar fue posteriormente condenado por la muerte del padre de la víctima, en un proceso judicial separado.
En 2019, cuando el caso seguía abierto, la joven sufrió además un accidente de tráfico en el que resultó herida y murieron dos de sus familiares. El suceso volvió a situar el caso en el centro del debate público tras las denuncias de la familia, que sostuvo que se trató de un intento de intimidación para silenciarles.
El caso provocó fuertes protestas en distintas ciudades del país y reabrió el debate sobre la inacción de las autoridades frente a los crímenes contra mujeres, así como sobre la impunidad de figuras políticas influyentes.