Estos sectores, afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), recorrieron las principales calles del centro histórico de La Paz nuevamente con la intención de ingresar a la plaza Murillo, el centro del poder político donde están la casa de Gobierno y el Legislativo nacional.
Los ingresos a la plaza estuvieron custodiados por policías antimotines que colocaron vallas para evitar el paso de los manifestantes, quienes volvieron a detonar petardos y dinamitas, aunque en esta ocasión no hubo enfrentamientos como el martes.
El secretario ejecutivo de la COB, el minero Mario Argollo, aseguró a los medios que su movilización es "pacífica" y que no quieren enfrentarse con los "policías porque son parte del pueblo".
"(Los policías) son compañeros que van a vivir y seguramente van a sentir en su momento el golpe económico que van a tener. Es una marcha pacífica y de esa manera se va a hacer conocer nuestro descontento de lo que ha sido este decreto", declaró Argollo.
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La presidenta del Comité Nacional de Amas de Casa Mineras, Miriam Huarina, protestó porque "todo está por las nubes" y consideró que "hay familias que apoyan" las medidas económicas dispuestas por el Gobierno de Rodrigo Paz por los incrementos de bonos sociales que acompañan el retiro de la subvención de los combustibles.
"El pueblo que va a percibir ese bono que se dé cuenta que ni ese bono les va a alcanzar para los pasajes de sus hijos, para solventar la canasta familiar. Tiene que darse cuenta el pueblo boliviano y unirse a nosotros, porque nosotros no estamos aquí por gusto, estamos por todo el pueblo", aseguró Huarina.
La protesta fue criticada por varios transeúntes que en distintos puntos del recorrido increparon a los manifestantes y les gritaron "fuera", "vayan a trabajar".
Los dirigentes de la COB se reunieron en la víspera con el presidente Paz, pero no alcanzaron ningún acuerdo porque el ente sindical condicionó el diálogo a que primero el Ejecutivo derogue el decreto, algo que el Gobierno ha asegurado que no ocurrirá.
La COB, que fue aliada política de los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el lunes a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.
Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo.
El decreto 5503, que rige desde hace una semana, estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel con respecto al costo subvencionado que estuvo vigente por más de 20 años.
Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (395 a 474 dólares) y el aumento de los bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
El Gobierno señaló que la aplicación del decreto eliminó el contrabando del combustible subvencionado en un 30 %, garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio, además que permite un ahorro al Estado de 10 millones de dólares al día.