La decisión fue notificada por un equipo jurídico del astillero que se presentó en la sede del Ministerio de Defensa y comunicó a la ministra Sandra Lazo que la firma está dispuesta a iniciar una demanda al Estado en respuesta al proceso judicial que el país comenzó contra la empresa.
Tal como hizo Cardama, la ley en Uruguay establece que antes de iniciar cualquier proceso es necesario pedir una audiencia "para intentar la conciliación con el futuro demandado".
El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.
No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Yamandú Orsi anunció su decisión de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.
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El mandatario afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal, que luego amplió.
El pasado lunes la ministra informó que el Estado no autorizará nuevos pagos a Cardama hasta la resolución judicial de la denuncia en curso.
Lazo aseguró a la prensa que Presidencia amplió la denuncia contra el astillero y que el Gobierno mantiene todo "en stand by" y solo liberaría fondos si se cumplen hitos contractuales como la instalación de motores.