De acuerdo con el diario ABC Color, la Sala Penal de la CSJ "declaró inadmisible la apelación general" interpuesta por el político, por lo que queda en firme la decisión de pase a juicio.
Los jueces de la Sala Penal señalaron como inexistente el recurso de apelación que los defensores introdujeron, puesto que buscaba afectar a una decisión que se tomó producto de una apelación anterior, detalló, por su parte, el medio La Tribuna.
Kueider y Guinsel fueron interceptados por las autoridades cuando intentaron ingresar el 4 de diciembre de 2024 por el Puente de la Amistad, que une a la localidad paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú, en una camioneta.
Según consta en el acta de imputación de la Fiscalía, se hallaron en el vehículo que ocupaban 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (unos 82,53 dólares entonces) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.852 dólares) sin declarar.
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A finales de julio pasado, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú había ordenado el pase a juicio después de que los acusados rechazaron someterse a un proceso de extradición simplificada a pedido de la Justicia argentina, que los investiga por supuesto lavado de activos, entre otros delitos.
Días después de la detención, el Senado argentino expulsó a Kueider por inhabilidad moral, con una votación de 61 a favor, cinco en contra y una abstención.
Kueider fue elegido senador en 2019 como parte de la coalición peronista Frente de Todos, pero en junio de 2024 se distanció de su tolda política para votar a favor de la Ley Bases, promovida por la alianza oficialista La Libertad Avanza, liderada por el presidente argentino, Javiel Milei.
En Argentina, Kueider enfrenta una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación en el cobro de sobornos en el Juzgado Federal de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, entre 2017 y 2019, cuando era director de la empresa estatal de electricidad de Entre Ríos, Enersa.
También es investigado en Entre Ríos por la presunta compra de departamentos y estacionamientos en un edificio de lujo en la capital provincial, que, según medios locales, están registrados a nombre de su secretaria y de la empresa Betails, de la cual el exsenador declaró ser accionista del 50 %.