La salud de los detenidos se ha deteriorado significativamente tras casi dos meses de huelga y corren riesgo de sufrir complicaciones graves o letales como fallos orgánicos, daños neurológicos irreversibles o arritmias cardíacas, advirtieron.

"Las autoridades deben garantizar un acceso a tiempo a atención de emergencia y hospitalaria cuando sea clínicamente necesario, absteniéndose de acciones que puedan equivaler a presión o represalia", subrayaron.

También expresaron preocupación por el trato a los huelguistas, ante denuncias de retrasos en el acceso a atención médica, el uso de sujeción excesiva durante el tratamiento hospitalario, la negación de contacto con familiares y abogados, o la falta de supervisión médica independiente.