Desde la declaración unilateral de independencia de Kosovo en 2008, rechazada por Serbia, la mayoría de los serbios no reconoce la legitimidad del Estado en el que viven, una postura respaldada y alentada por el Gobierno en Belgrado.
En Kosovo viven unos 100.000 serbios, de una población total de 1,7 millones, y su representación política ha estado dominada durante años por la 'Srpska Lista' (Lista Serbia), un partido apoyado y controlado por Belgrado.
En las últimas elecciones parlamentarias, celebradas en febrero de 2025, 'Srpska Lista' obtuvo nueve de los diez escaños reservados a la comunidad serbia, mientras que el décimo fue para un pequeño partido denominado 'Por la libertad, la justicia y la supervivencia'.
Aunque formalmente los serbios de Kosovo pueden organizar partidos e iniciativas políticas, en la práctica el pluralismo es muy limitado y los intentos de crear alternativas a Lista Serbia apenas han tenido éxito en los últimos 15 años.
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El analista serbio Dejan Bursac, investigador del Instituto de Filosofía y Teoría Social de Belgrado, señala que los comicios dentro de la comunidad serbia de Kosovo "no son realmente competitivos".
"Se parecen a las elecciones locales en Serbia, donde hay violencia, coacción y corrupción, con la diferencia de que en Kosovo esto se aplica desde hace tiempo", explicó Bursac a EFE.
Según el analista, Lista Serbia se mueve entre dos exigencias contradictorias del presidente serbio, Aleksandar Vucic: "Por un lado, debe presentarse como defensora patriótica de los intereses serbios en Kosovo y, ante la comunidad internacional, como un socio dispuesto a hacer concesiones".
Bursac prevé que Lista Serbia acabe haciéndose esta vez con los diez escaños reservados a los serbios, mientras que las posibles coaliciones de Gobierno dependerán del equilibrio de fuerzas entre los partidos albanokosovares tras los comicios.
El principal objetivo de los partidos serbios en estas elecciones es preservar su influencia institucional, mantener los vínculos con Belgrado y "resistirse" a una integración plena en el sistema kosovar, aunque formalmente participan en él.
Para la población serbia de Kosovo, que en su mayor parte vive en el norte del país, fronterizo con Serbia, la política está estrechamente ligada a problemas cotidianos cada vez más graves.
En los últimos cuatro años, las autoridades kosovares han cerrado o asumido el control de instituciones financiadas por Serbia, como oficinas municipales, servicios sociales y sistemas de pago basados en el dinar serbio, una moneda que las autoridades de Pristina han dejado de aceptar en su territorio.
Kosovo defiende estas medidas para asentar el Estado de derecho, pero muchos serbios denuncian que se les dificulta acceder a salarios, pensiones, atención sanitaria y ciertos servicios administrativos.
Aunque los serbios de Kosovo siguen recibiendo pensiones y salarios pagados por Serbia, el acceso a esos ingresos se ha vuelto más complejo e incierto.
Muchos puntos de pago en efectivo han sido cerrados, lo que obliga a los pensionistas a desplazarse a Serbia o a utilizar transferencias bancarias que antes no necesitaban.
"Ni siquiera podemos sacar nuestro dinero, hay que ir hasta Raska, en Serbia", relató un jubilado de Mitrovica Norte al medio local 'Radio Kontakt Plus'.
Según estimaciones de la ONG Instituto para el Desarrollo Económico Territorial, unas 87.000 personas en Kosovo dependen en parte de las transferencias de Serbia.
Eso incluye subsidios por desempleo y pensiones, así como otras asistencias sociales y agrícolas.
Unos 40.000 salarios y unas 32.000 pensiones son pagados por Serbia en el norte de Kosovo, lo que le cuesta a Belgrado unos 150 millones de euros al año, aunque diferentes ONG estiman que en realidad las transferencias ascienden a unos 500 millones, incluidos gastos para escuelas y obras locales de infraestructuras.