Los comicios tendrán lugar solo en 102 de los 330 municipios de la nación asiática, pues el Ejército no controla 56 de esos territorios, gobernados por guerrillas étnicas o grupos prodemocráticos. Además, la junta militar prepara una segunda y tercera fase electoral previstas para el 11 y 25 de enero, respectivamente, en otras 172 localidades, muchas de ellas con disputas activas.
Estas son las claves de estas cuestionadas votaciones:
En agosto, la junta militar llamó a las urnas después de haberse mantenido en el poder bajo un estado de excepción que prolongaron durante cuatro años y medio. En ese periodo, multiplicaron los bombardeos aéreos contra poblaciones civiles en su lucha por el control de territorios, según han denunciado organismos como Naciones Unidas.
El líder de la junta, Min Aung Hlaing, acusado de crímenes de lesa humanidad por la persecución de los rohinyás en el país, se ha acercado a China y Rusia en su búsqueda de reconocimiento internacional, para contrarrestar el rechazo de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
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Las elecciones arrancarán nueve meses después del terremoto de 7,7 que sacudió el centro del país, al tiempo que dejó unas 3.700 personas víctimas mortales y una destrucción masiva que empeoró las condiciones de vida en Birmania, donde la ONU estima que un tercio de la población tiene necesidades básicas insatisfechas.
Los comicios buscan llenar 498 de los 664 escaños del Parlamento bicameral, ya que el Ejército elige al 25 % del Ejecutivo a través de una potestad constitucional. A ellos concurren un total de 57 partidos -de los que solo seis son de carácter nacional- que han presentado 4.963 candidatos.
El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), controlado por los militares, acumula el mayor número de candidatos, con 1.018, y ya ha ganado virtualmente en 28 circunscripciones en las que no se presentaron otros contendientes.
Se calcula que casi 500 militares transicionaron a civiles en septiembre para presentarse a estas votaciones.
La mayoría del resto de partidos que cumplieron los requisitos establecidos por la junta militar para acudir a los comicios son plataformas minoritarias, muchas de ellas de reciente formación y vinculadas a personas cercanas al régimen castrense, o bien grupos étnicos con alianzas con el Ejercito.
Mientras los grupos prodemocráticos llaman a la abstención y a boicotear el proceso, la 'Ley de protección de las elecciones' castiga hasta con pena de muerte a quienes ataquen los comicios, que no contarán con observadores internacionales de Occidente.
Más de 4,3 millones de birmanos viven fuera del país -según la ONU, aunque otras estimaciones duplican ese número-, pero solo 5.403 están llamados a votar en el extranjero.
El 57 % de los partidos que compitieron en las elecciones de 2020 han sido ilegalizados por la junta, entre ellos la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la premio nobel de la paz birmana Aung San Suu Kyi.
Esa formación ganó por contundente mayoría en los últimos comicios, que sí contaron con reconocimiento internacional.
Al menos 140 miembros del Parlamento que fue disuelto en la asonada siguen detenidos, igual que 2.836 miembros del LND, que forman parte de los 22.656 presos políticos existentes, según los registros de la ONG birmana AAPP, pese a las 18 amnistías masivas decretadas por la junta desde 2021.
Suu Kyi, la mayor líder política del país, sigue en la cárcel a sus 80 años, condenada a 27 años de prisión por múltiples cargos presentados tras la sublevación, mientras que los militares han confiscado propiedades de casi 500 opositores presos.
Esta semana, la ONU pidió a la junta dejar de usar la violencia para obligar a las personas a votar, al denunciar que los militares amenazan a civiles con ataques aéreos y con confiscar bienes si no participan en estos comicios, que el organismo multilateral tilda de fraudulentos.
Según ONG, desde febrero de 2021 se han documentado 96 masacres contra civiles perpetradas por el Ejército, que han dejado un saldo de 1.896 fallecidos, mientras que 63 municipios están regidos por ley marcial.
El conflicto armado impedirá el normal desarrollo de los comicios en numerosos poblados, pues la junta tiene el control total del territorio solo en 99 municipios, al tiempo que se mantienen focos activos de enfrentamiento en decenas de localidades, unas con mayor belicismo que otras.