El Consejo de Ministros ha sacado adelante en su última reunión del año este decreto que prorroga una vez más el permiso para enviar materiales y armas a Ucrania, un día antes de que expirara el texto que lo ha permitido a lo largo de todo el 2025.
La medida, que deberá ser validada por el Parlamento en el plazo de 60 días, no especifica la cantidad de armas o equipamientos que Italia brindará a los ucranianos sino que simplemente sirve para permitir que siga haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2026.
El decreto debía ser aprobado hace un mes pero ha sufrido varios retrasos por las dudas de Salvini, el miembro de la coalición derechista de Meloni más reacio con el respaldo a Kiev.
Sin embargo esta vez la exigencia de Salvini era meramente semántica ya que simplemente pedía eliminar la referencia de apoyo "militar" del título del decreto e incluir una referencia a la asistencia logística y a la población civil.
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"Nuestra petición es que se tenga en cuenta que en los últimos tres años algo ha cambiado. Ahora hay una negociación abierta y, por lo tanto, más que mandar armas para atacar o destruir apostamos por la estrategia defensiva y proteger a los civiles", manifestó en una entrevista a la emisora 'Radio Libertà'.
En el comunicado del Consejo de Ministros, difundido a última hora de este lunes, se ampara "la autorización a ceder medios, materiales y equipos militares" a las autoridades ucranianas pero "con prioridad a los logísticos, sanitarios, de uso civil y de protección de los ataques aéreos, misilísticos, con drones o cibernéticos".
Tras la aprobación del decreto, fuentes de la Liga, el partido de Salvini, expresaron su "satisfacción" por un texto que, apuntaron, "prioriza los instrumentos defensivos, logísticos y sanitarios".
Por otro lado, el decreto ley renueva hasta el 4 de marzo de 2027 los permisos de residencia por protección especial a los ucranianos que hayan huido de la guerra y se encuentren en Italia.
Además introduce normas para la protección de los reporteros 'freelance' o autónomos que cubren el conflicto sobre el terreno, obligando a sus editores a asegurarlos, y destina un fondo estatal de 600.000 euros para cursos de formación bélica de los periodistas.