La defensora explicó a EFE que después de que el pasado 10 de noviembre el Gobierno movió a Glas a la nueva cárcel de máxima seguridad, ubicada en un paraje de la provincia de Santa Elena, solicitaron a la Corte una ampliación de esas medidas, en las que ordenaba al Estado que garantice su salud física y mental de Glas, con el fin de asegurar sus derechos a la salud, integridad personal y vida.
Dentro de ese proceso, un doctor privado ingresó en la prisión a revisarlo y concluyó en un informe que Glas necesitaba una "hospitalización inmediata", algo que su defensa intentó conseguir con un habeas corpus correctivo, pero que un juez negó el domingo.
"No tengo ninguna confianza en la justicia ecuatoriana. Este era un procedimiento que lo iniciamos para agotar las instancias nacionales y poder tener todo el acervo probatorio dentro del trámite de ampliación de medidas provisionales ante la Corte Interamericana", señaló Vera.
"Nosotros sabíamos que Jorge estaba mal, pero no qué tan mal estaba. A través de este informe pudimos constatar que su situación es crítica y por eso decidimos presentar el habeas corpus y llevar los resultados a la Corte", añadió.
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En esa audiencia, Glas denunció que supuestamente sufre "tratos crueles y denigrantes", que vive una presunta "tortura psicológica sistemática", que no recibe una atención médica adecuada para las 18 enfermedades que sufre y que algunos medicamentos se le han acabado.
Sin embargo, el Ministerio de Salud alegó que Glas ha tenido 40 atenciones médicas desde que llegó a la nueva cárcel y que recibe el tratamiento que necesita.
El juez aseguró que no existía "una situación de gravedad" para que se lo traslade a un centro médico y que no se le habían vulnerado los derechos.
"Todo esto nos va a servir para demostrar que Jorge Glas está prácticamente sentenciado a una condena de muerte maquillada por el Estado y que todas las instituciones estatales están actuando en contubernio para seguir en la violación reiterada y sistemática sus derechos humanos", afirmó la abogada.
En su primer pronunciamiento, la Corte IDH no aceptó que Glas sea internado en un hospital o que vaya a un arresto domiciliario, pero Vera dijo que eso no significa que no les hayan "dado la razón" sobre el estado de su defendido, sino que "le dieron la oportunidad al Estado para que cumpla con las medidas provisionales y le dé condiciones adecuadas".
Agregó que aún les queda la apelación a este habeas corpus y una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero que a la vez están esperando que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU declare que fue arbitraria la detención de Glas en el asalto policial ordenado en abril de 2024 por el presidente Daniel Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza el día en que recibió el asilo.
Además, que la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Salud se pronuncie sobre el estado del exvicepresidente.
A largo plazo, sus sentencias por los casos Odebrecht y Sobornos están siendo analizadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con las que la defensa busca que se determine que hubo violación al debido proceso y al derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, explicó Vera.
Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y sobre él pesan tres condenas, la última, de 13 años de cárcel, impuesta en junio por un delito de peculado (malversación de fondos públicos) cometido durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.