"Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido, expresamos nuestra grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que sigue siendo catastrófica", indicaron en un comunicado conjunto difundido por el Gobierno francés.
Denunciaron que, con la llegada del invierno, los civiles en Gaza "se enfrentan a condiciones espantosas, con fuertes lluvias y temperaturas en descenso" e hicieron hincapié en que 1,3 millones de personas siguen necesitando "apoyo urgente de refugio".
"El colapso total de las infraestructuras de saneamiento ha dejado a 740.000 personas sometidas a inundaciones tóxicas", advirtieron los países firmantes de la declaración, que denunciaron que la mayoría de la población gazatí está bajo "niveles elevados de inseguridad alimentaria aguda".
Entre las cuatro medidas que piden al Gobierno de Israel, destacaron que "las ONG internacionales puedan operar en Gaza de forma sostenida y previsible", pues "corren el riesgo de ser dadas de baja debido a los nuevos requisitos restrictivos del Gobierno de Israel".
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"Esto podría suponer el cierre forzoso de sus operaciones en 60 días en Gaza y Cisjordania, con un impacto grave para los servicios esenciales".
"Uno de cada tres centros sanitarios en Gaza cerrará si se detienen estas operaciones", alertaron.
Los diez países también instaron a Israel a que deje trabajar a la ONU y a sus socios, para que "puedan continuar su labor vital".
"Esto incluye a la UNRWA (la agencia de la ONU para los refugiados palestinos), que presta servicios esenciales de salud y educación a millones de refugiados palestinos", indicaron los países.
El Parlamento israelí aprobó el lunes una ley que levanta la inmunidad y acelera la suspensión de las operaciones de la UNRWA, que los parlamentarios consideran "ilegal" al atribuirle una implicación en los ataques del 7 de octubre de 2023 reivindicados por Hamás.
Además, el Gobierno israelí anunció hoy que retirará las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
El grupo de diez países pidió además "levantar las restricciones irrazonables" a ciertas importaciones en Gaza como las "de equipos médicos y de refugio necesarios con urgencia que impiden la rehabilitación de infraestructuras críticas".
Por último, instaron a Israel a abrir "los pasos fronterizos e impulsar el flujo de ayuda".
"Aunque celebramos la apertura parcial del paso de Allenby, otros corredores como Rafah siguen cerrados o restringidos. El objetivo de 4.200 camiones por semana debe ser un suelo, no un techo", matizaron.
Los países firmantes insistieron en que las actuales "restricciones limitan la capacidad de entrega de ayuda de acuerdo con el derecho internacional humanitario" y consideraron su eliminación esencial para "cumplir el plan integral para poner fin al conflicto de Gaza".