Al cerrar un 2025 de intensa disputa judicial por este caso en los tribunales de Nueva York, la Procuración del Tesoro de Argentina -cuerpo de abogados del Estado a cargo de la defensa- señaló en un comunicado que el fallo de apelación pendiente sobre la sentencia podría "cambiarlo todo".
"Las partes se encuentran a la espera de la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo, un fallo que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena por más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina", señalaron desde la Procuración del Tesoro.
La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.
El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.
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Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen -de la familia Eskenazi-, que tenía una participación accionarial del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.
Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
En 2023, la jueza superior del distrito de Nueva York, Loretta Preska, falló a su favor y condenó al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares, suma que, con intereses, es actualmente de unos 18.000 millones de dólares.
El fallo fue apelado por Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
En junio de 2025, Preska ordenó a Argentina ceder a las firmas litigantes su participación del 51 % en la petrolera, medida también apelada por el país suramericano.
A finales de octubre pasado, Argentina reafirmó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York que la jurisdicción para resolver el litigio por la nacionalización de YPF no es Estados Unidos sino del propio país suramericano.
En los alegatos orales del proceso en esa corte, la defensa de Argentina aseveró que Petersen adquirió su participación en YPF "en transacciones privadas realizadas en España con Repsol, rodeadas de serias sospechas de corrupción" y era "plenamente consciente de que cualquier controversia relativa a la aplicación del estatuto de YPF debía resolverse conforme a la ley argentina y ante los tribunales argentinos".
Argentina también afirmó en los alegatos que Burford Capital, que compró los derechos de litigio a Petersen por 15 millones de euros, pretende ahora, utilizando los tribunales estadounidenses, obtener una "ganancia extraordinaria".
La posición jurídica argentina ante la Corte de Apelaciones ha recibido el aval formal de varios países que se presentaron a favor del país suramericano ante ese tribunal, entre ellos los Estados Unidos.
YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina y cuenta con activos por 29.569 millones de dólares y un patrimonio neto de 11.634 millones de dólares.