En un comunicado distribuido por sus canales oficiales, Hamás afirma que esta decisión es un intento de Israel de "politizar la ayuda humanitaria" y convertirla en una "herramienta de chantaje" contra el pueblo palestino.
Israel decidió poner fin a sus licencias después de que las organizaciones no completaran el nuevo sistema de registro impuesto en marzo de 2025 por el Gobierno israelí, que demandaba datos para detectar "terroristas" y fue ampliamente criticado por estas organizaciones al comprender información sensible como los nombres de todos sus empleados.
Entre las 37 organizaciones afectadas hay oenegés de países como España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, OXFAM o Movimiento por la Paz.
"Instamos a la comunidad internacional, en particular a la ONU, y a todos los grupos internacionales de derechos humanos y humanitarios a que tomen medidas rápidas y efectivas para condenar esta conducta criminal", dice Hamás, que pide ejercer presión sobre el Gobierno de Benjamín Netanyahu para que de marcha atrás a su política.
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Todo ello, añade la organización islamista palestina, para "impedir que (Israel) utilice la ayuda humanitaria como arma de hambre y un medio para prolongar el sufrimiento del pueblo palestino, en clara violación del derecho internacional".